La Cámara Federal dejó sin efecto las medidas que impedían disponer de sus bienes y reclamó al juez Casanello que defina la situación procesal de los imputados.
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En un fallo dividido, la Cámara Federal porteña revocó este miércoles la inhibición general de bienes que pesaba sobre el ex presidente Alberto Fernández y otras 50 personas y empresas en el marco de la causa conocida como el escándalo de los seguros. La resolución implica que los investigados recuperan el control sobre sus activos, inmuebles, cuentas y cajas de seguridad.
La medida, adoptada originalmente por el juez Sebastián Casanello en abril, había afectado a figuras como Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, al broker Héctor Martínez Sosa, su esposa María Cantero, y varias firmas como Bachellier, San Ignacio, San Germán y TGG Broker, entre otras.
La Cámara consideró que las medidas cautelares no estaban debidamente fundamentadas y que su aplicación, sin definición procesal, vulneraba garantías básicas. El camarista Martín Irurzun cuestionó el momento en que se adoptó la medida, mientras que su colega Eduardo Farah subrayó que ya pasaron más de seis meses desde las indagatorias sin avances concretos en la causa. En disidencia votó Roberto Boico, quien respaldó mantener las inhibiciones.
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El tribunal también exigió al juez Casanello que resuelva cuanto antes la situación procesal de todos los imputados, ya que desde el cambio de magistrado —tras el vencimiento de la subrogancia de Julián Ercolini en febrero— la investigación entró en una nueva etapa. Casanello ordenó revisar toda la documentación y ampliar las líneas de pesquisa.
Entre los apuntados se encuentra Daniel “El Gordo” Rodríguez, ex policía y administrador de la quinta de Olivos durante el gobierno de Fernández, a quien se le levantó el secreto fiscal. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue instruida para realizar un análisis patrimonial desde 2015.
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Otra prueba clave en la causa es el informe de 662 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que analiza la facturación del ex presidente a Martínez Sosa entre 2010 y 2019, por un total de $4.257.000.
Esta es la segunda vez que la Cámara Federal revoca una inhibición de bienes en esta causa. La primera fue en 2024, cuando Ercolini dictó una medida similar que también fue anulada.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
