Legisladores porteños solicitaron a la ANSES que deje sin efecto la asignación vitalicia del expresidente, procesado por corrupción y embargado por más de $14 mil millones.
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La jubilación de privilegio que percibe el expresidente Alberto Fernández quedó en la mira tras su procesamiento por corrupción en la causa conocida como “Seguros”. Un grupo de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido formal ante la ANSES para que se suspenda el cobro de ese beneficio, mientras dure el proceso judicial en su contra.
El documento fue dirigido a Fernando Bearzi, titular del organismo previsional, y lleva la firma de Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, del interbloque Confianza Pública. En la presentación, los legisladores remarcaron que el beneficio debe interrumpirse “para no perjudicar el erario público” y evitar “una señal equivocada” a la sociedad.
Fernández fue procesado el 10 de julio por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Según el fallo, el exmandatario favoreció a intermediarios del mercado asegurador cercanos a su entorno durante la contratación de seguros estatales a través del Banco Nación.
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Además del procesamiento, Casanello ordenó un embargo millonario sobre los bienes de Fernández por un total de $14.634.220.283,68, por su presunta participación en un esquema de direccionamiento de contratos a través de brokers afines. El juez sostuvo que el expresidente «legitimó con su cercanía personal» a empresarios que terminaron beneficiándose con negocios vinculados a Nación Seguros.
“¿Qué mensaje da el Estado cuando un jubilado común debe elegir entre comer o comprar medicamentos, mientras un expresidente procesado cobra casi $9 millones por mes?”, cuestionaron los legisladores en el escrito. Según una respuesta oficial a un pedido de acceso a la información, Fernández cobra actualmente $8.877.518,67 mensuales en concepto de jubilación vitalicia, lo que equivale a más de 24 jubilaciones mínimas.
Desde la oposición sostienen que los beneficios contemplados en la Ley 24.018 no deben mantenerse si quien los recibe enfrenta cargos graves de corrupción. El reclamo ahora está en manos de la ANSES, que deberá resolver si interrumpe o no el pago de la asignación vitalicia, en medio de la escalada judicial que enfrenta el expresidente.
Fuente: TN
Foto: Archivo
