Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este jueves al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) que ejecute de inmediato el decomiso por $684.990 millones contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, luego de que venciera el plazo fijado para el pago solidario del monto correspondiente a la defraudación al Estado.
En su presentación de 65 páginas, los fiscales recordaron que la sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, tras la decisión de la Corte Suprema de desestimar los recursos de las defensas. Sin embargo, advirtieron que “aún no se ha concretado la ejecución del decomiso”, a pesar de haber transcurrido más de cuatro meses. Según explicaron, los condenados “no depositaron ni un solo peso”.
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Luciani y Mola afirmaron que la negativa a restituir los fondos “constituye una afrenta al principio de igualdad ante la ley” y reclamaron al tribunal que active los mecanismos para rematar los bienes embargados, entre ellos viviendas, hoteles y terrenos vinculados a la familia Kirchner, para cubrir la suma fijada como perjuicio económico. La cifra original, establecida en 2022, fue actualizada por peritos de la Corte Suprema.
En su escrito, los fiscales subrayaron que esta etapa del proceso es clave para “recuperar los bienes de la defraudación y destinarlos a fines públicos”, tales como salud, educación o infraestructura. Además, advirtieron que los intentos de los condenados de frenar la ejecución mediante planteos judiciales “repiten maniobras históricas para eludir la devolución de fondos al Estado”.
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Finalmente, los representantes del Ministerio Público recordaron precedentes como el caso de María Julia Alsogaray, donde se ejecutaron bienes para cumplir una condena firme. Y concluyeron: “La Justicia debe hacer cumplir su fallo sin distinciones. Todos, incluso los poderosos, deben acatar la ley”.
Fuente: Infobae.
