El Congreso de Chile aprobó una ley que busca agilizar la expulsión de inmigrantes en situación irregular y habilita a la Policía de Investigaciones a solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios y detener a personas que tengan órdenes administrativas firmes de expulsión.
La iniciativa fue aprobada el martes 20 de octubre y había sido presentada originalmente en 2024 por el entonces presidente Gabriel Boric. Posteriormente, el Gobierno del actual mandatario, José Antonio Kast, retomó el proyecto como parte de su política para endurecer los controles migratorios.
Según informó el Senado chileno, la normativa permitirá a las autoridades solicitar a un juez una orden de ingreso a un inmueble con el único objetivo de detener a una persona que tenga una orden de expulsión vigente y firme. La medida establece así una vía judicial específica para ejecutar las disposiciones migratorias pendientes.
MIRÁ TAMBIÉN: Irán asegura que las negociaciones con EE.UU. siguen activas
La ley también contempla que las autoridades puedan requerir información a organismos públicos para localizar a personas indocumentadas y notificarles las órdenes de expulsión correspondientes. El objetivo es facilitar la identificación de los extranjeros alcanzados por las medidas y acelerar los procedimientos administrativos.
Kast hizo de la expulsión de inmigrantes irregulares una de las principales promesas de su campaña electoral y planteó la salida de más de 330.000 personas que, según estimaciones citadas en el país, se encuentran en esa situación. Sin embargo, durante sus primeros seis meses de gobierno, las autoridades expulsaron a unas 1.800 personas, principalmente de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.
La política migratoria chilena enfrenta dificultades, en particular por la situación de los ciudadanos venezolanos, que representan la mayor parte de la población migrante irregular. El deterioro de las relaciones entre Santiago y Caracas obstaculizó las expulsiones, y aunque ambos países acordaron normalizar sus vínculos en julio, ese entendimiento todavía no se tradujo en un aumento de las deportaciones de venezolanos.
Fuente: DW.
Imagen: Rodrigo Arangua/AFP.
