El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General consolidaron un nuevo esquema para las entrevistas testimoniales de niñas, niños y adolescentes. El proceso demandó dos años de diagnóstico, capacitación y trabajo territorial.
El sistema judicial de Chubut avanzó en la implementación de un protocolo destinado a mejorar la forma en que niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos brindan su declaración testimonial. La iniciativa busca unificar criterios y reducir situaciones que puedan generar revictimización durante el contacto con las instituciones.
El trabajo fue impulsado por el Superior Tribunal de Justicia y contó con el respaldo de la Procuración General. El presidente del STJ, Andrés Giacomone, y la ministra Camila Banfi Saavedra recibieron al consultor internacional Anthony Butler, quien encabezó el equipo encargado del diagnóstico y la elaboración del protocolo.
El proyecto se desarrolló durante dos años mediante un trabajo interdisciplinario que involucró a distintas áreas del sistema judicial y organismos vinculados con la protección de derechos. También participaron profesionales de planificación, equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal y especialistas en la atención de víctimas.
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Una de las primeras etapas consistió en analizar 584 audiencias realizadas durante 2023 y 2024 en las distintas circunscripciones judiciales de la provincia. El relevamiento permitió identificar los tiempos transcurridos entre el inicio de las causas y las entrevistas, además de las condiciones edilicias y tecnológicas de los espacios utilizados.
Con esa información se elaboró una propuesta que luego fue discutida y validada en talleres realizados en diferentes puntos de Chubut. Más de 150 representantes del Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensa Pública, organismos de salud, la Policía y áreas de protección de derechos participaron de los encuentros desarrollados en Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Esquel y Lago Puelo.
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El protocolo quedó formalmente aprobado mediante el Acuerdo Plenario 5580/25 del Superior Tribunal de Justicia y la Resolución 065/2026 de la Procuración General. Su implementación contempla un proceso gradual, con seguimiento y evaluación para adaptar las prácticas a las necesidades detectadas en cada localidad.
Como parte de ese proceso también se reforzó la primera intervención policial ante una denuncia. En capacitaciones realizadas en las Comisarías de la Mujer fueron entrenados 159 agentes, con el objetivo de mejorar la recepción inicial de los casos, registrar correctamente la información y evitar que niñas, niños y adolescentes deban atravesar situaciones innecesarias que puedan profundizar el impacto del delito.
