El gobernador Ignacio Torres anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para bloquear señales y restringir totalmente el uso de teléfonos móviles en centros de detención de la provincia.
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El Gobierno de Chubut impulsa un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación en cárceles, alcaidías y comisarías, con el objetivo de frenar estafas digitales y delitos que se organizan desde contextos de encierro.
La iniciativa fue presentada este sábado por el gobernador Ignacio Torres en la Casa de Gobierno y será enviada el próximo lunes a la Legislatura provincial para su análisis y tratamiento. El proyecto busca establecer un sistema de comunicaciones controladas para las personas privadas de libertad y eliminar lo que el mandatario denominó “oficinas remotas del delito” dentro de los establecimientos penitenciarios.
Durante el anuncio, el mandatario provincial explicó que la normativa prohibirá de manera absoluta el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos móviles en los lugares de detención bajo jurisdicción provincial. Además, prevé la implementación de sistemas tecnológicos para bloquear señales dentro de las unidades carcelarias.
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Torres sostuvo que el crecimiento de las estafas virtuales se convirtió en una problemática cada vez más frecuente y remarcó que muchas de estas maniobras se organizan desde cárceles utilizando teléfonos ingresados de forma clandestina. “Las estadísticas indican que hubo un crecimiento exponencial de las estafas digitales, y hoy Chubut tiene la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a esta problemática”, afirmó.
El ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, señaló que el proyecto apunta a recuperar el esquema de funcionamiento previsto en la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que establece restricciones al uso de dispositivos en contextos de encierro. Según explicó, esas limitaciones se flexibilizaron durante la pandemia y ahora buscan restablecerse.
En la presentación también participó el vicegobernador Gustavo Menna, quien consideró que la iniciativa permitirá atacar delitos como extorsiones, estafas y secuestros virtuales que se organizan desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
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La diputada provincial María Andrea Aguilera, autora del proyecto, explicó que la normativa también garantizará el derecho a la comunicación de los detenidos mediante sistemas institucionales controlados. En ese esquema, las llamadas se realizarán desde terminales habilitadas exclusivamente para comunicaciones de voz y hacia números previamente autorizados.
El proyecto también prevé la instalación de sistemas de inhibición o gestión de señal para evitar el uso clandestino de teléfonos móviles dentro de las unidades de detención. En caso de detectarse dispositivos, se procederá a su decomiso inmediato y, si existieran indicios de delito, se dará intervención al Ministerio Público Fiscal.
De aprobarse, la normativa regirá en todos los establecimientos penitenciarios, alcaidías, comisarías y centros de detención transitoria de la provincia, así como también en casos de detenidos de la justicia provincial alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal.
