Provincia advirtió que no tolerará dilaciones que afecten la actividad hidrocarburífera, los puestos de trabajo y los ingresos provinciales.
El Gobierno de Chubut intimó formalmente a YPF por la falta de avances en el área Manantiales Behr, tras más de seis meses sin definiciones claras sobre el traspaso de la operación. La provincia advirtió que no tolerará dilaciones que afecten la actividad hidrocarburífera, los puestos de trabajo y los ingresos provinciales.
Durante este período, la actividad en el yacimiento se mantuvo prácticamente paralizada, con impacto directo en los trabajadores y en los ingresos que dependen de la producción del área. Desde la empresa, la única novedad conocida es que la operación quedaría en manos de una firma del Grupo Rovella, sin precisiones sobre condiciones ni continuidad productiva.
El gobernador Ignacio Torres afirmó que Chubut es titular del recurso y que no permitirá que la incertidumbre de la empresa ponga en riesgo la producción ni los empleos: “Exigimos que se garanticen los niveles de producción y las inversiones comprometidas. No vamos a tolerar incumplimientos que perjudiquen a los chubutenses”.
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Actualmente, solo hay un equipo de perforación y tres de workover paralizados, un nivel de actividad muy inferior al registrado en 2014, cuando se operaban casi cuatro veces más equipos. El Ejecutivo provincial advierte que esta paralización no puede justificarse por procesos internos de la empresa.
El diputado nacional y Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Loma Ávila, expresó: “Si no van a invertir y producir como corresponde, que devuelvan el área. Chubut no puede quedar rehén de decisiones que se toman en otro lado”. Su declaración refleja la preocupación por la estabilidad laboral de cientos de familias.
En este contexto, la Provincia dejó claro que, de persistir la parálisis, el área podrá ser revertida para su adjudicación a un operador con capacidad técnica y financiera. Además, no se descarta la responsabilidad de las autoridades de YPF involucradas, si no se garantiza el cumplimiento de las condiciones necesarias para proteger el interés público.
