El Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó esta semana elevar de 3.800 a 4.500 toneladas el cupo social anual de langostino para las provincias de Chubut y Santa Cruz. Además, resolvió duplicar las autorizaciones de captura de la especie para todas las jurisdicciones durante la temporada actual, como medida excepcional frente a la crisis que atraviesa el sector pesquero.
Se trata de una porción específica de la captura total permitida de langostino (Pleoticus muelleri) que el Estado nacional o provincial reserva para un destino con fines sociales y no estrictamente comerciales. En Argentina, este cupo suele asignarse a cooperativas, pescadores artesanales, plantas procesadoras pequeñas o municipios.
La decisión se tomó en la última sesión realizada el jueves en la sede del CFP en Buenos Aires, en el marco de dos pedidos clave de las provincias patagónicas.
MIRÁ TAMBIÉN: Más de 120 proyectos chubutenses en la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología
Argumentos de Chubut y Santa Cruz
Las autoridades provinciales justificaron el aumento del cupo como compensación por el cierre del Golfo San Jorge para la pesca de langostino, restricción que –según estudios del INIDEP– ha favorecido la abundancia del recurso en aguas nacionales, beneficiando a toda la pesquería, pero generando costos económicos y sociales para las comunidades costeras.
La moción fue aprobada por mayoría, con el voto negativo de Buenos Aires, que reclamó un cupo social propio de 4.500 toneladas para abastecer sus plantas procesadoras. La propuesta bonaerense fue rechazada.
Medida excepcional para toda la flota
Por unanimidad, el CFP decidió suspender hasta el 31 de diciembre las condiciones del artículo 10 de la Resolución CFP N° 7/2018, lo que implica duplicar los cupos de captura en todas las jurisdicciones.
La Autoridad de Aplicación y el INIDEP coincidieron en que la medida no tendrá impactos biológicos significativos, siempre que se mantenga un control técnico riguroso. El incremento apunta a compensar el retraso en el inicio de la zafra y el perjuicio socioeconómico asociado.
Fuente: Consejo Federal Pesquero.


