A la par, este lunes hubo una manifestación gremial a las puertas de la sede judicial «en defensa del derecho a huelga» y en apoyo a los trabajadores.
El abogado Alberto Luciani informó a Télam que en representación de los acusados Néstor Vivares, Martín Oñate y Jorge Armoa hizo una presentación preliminar que cuestionó la acusación «desde la base» por entender que «el delito que se llama vaciamiento de empresa está contemplado para los empresarios, dueños o accionistas de las empresas, nunca para los trabajadores».
El letrado advirtió además que «hoy -lunes- fueron varios testigos a declarar y ninguno pudo acreditar que haya sido coaccionado», por lo que evaluó que «el único camino es la absolución».
Luciani dijo que la argumentación, que a su entender «es irrefutable», fue rechazada por los jueces, y continuaron con el juicio que pasó a cuarto intermedio para el 29 de abril «porque faltaban dos testigos de la fiscalía».
«Le dieron tiempo a la fiscalía para que localice a los testigos, pese a que nos opusimos, porque tuvieron tiempo más que suficiente en una causa que data de 2014», dijo el defensor.
En tanto sus representados dijo, «como lo hicieron en otras etapas, se remitieron a negar absolutamente todos los hechos de los que se los acusa y sostener que es una criminalización de la protesta social».
La CTA Autónoma de Santa Cruz y sus gremios de base manifestaron a las puertas del tribunal y cuestionaron lo que consideran «un juicio contra el derecho a huelga».
Omar Latini, dirigente del Partido Obrero en Caleta Olivia, tras la primera jornada de juicio que calificó como «un ataque al movimiento obrero», dijo que la CGT Santa Cruz y «la otra CTA» tienen que «llamar a un paro con movilización» para acompañar a los trabajadores en la continuidad del proceso.
