Este lunes inicia un paro nacional universitario convocado por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, con alcance en la mayoría de las universidades públicas del país. La huelga se desarrollará en dos etapas: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30. Por su parte, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) votaron una medida “por tiempo indeterminado” hasta que se cumpla el aumento salarial del 55,4% dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.
Entre las casas de altos estudios adheridas se encuentran la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad del Nordeste (UNNE), la Universidad del Chaco Austral, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Algunas universidades, como la UTN, también incluyen institutos técnicos en la medida.
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El principal motivo del paro es la recomposición salarial, debido al rezago frente a la inflación y a la aplicación pendiente de la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un mayor presupuesto para todas las universidades públicas. Según un informe presentado por los docentes de la UBA, el sueldo real se encuentra 35,6% por debajo de noviembre de 2023, incluso 2,7% por debajo de los peores niveles registrados en 2004.
Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), denunció que desde noviembre de 2023 los trabajadores “perdieron el equivalente a 11,5 salarios” y señaló que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”. Carboni agregó que los aumentos parciales otorgados no cubren la inflación, con 4,3% en septiembre frente a 14,2% de inflación entre octubre y febrero, y cero por ciento en los meses siguientes.
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La medida generará afectación directa en la mayoría de las universidades públicas y busca presionar al Gobierno nacional para que cumpla con la actualización salarial y garantice recursos acordes a la Ley de Financiamiento Universitario, un reclamo histórico del sector docente que busca sostener la educación superior de calidad.
Fuente: Noticias Argentinas.
