A través de un escrito, presentado al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Sastre, y a la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente; las comunidades originarias de la Meseta centro-norte solicitaron a la Legislatura que desista de avanzar con el tratamiento del proyecto de Zonificación minera presentado por el Gobierno provincial.
El escrito fue suscripto por las autoridades de las comunidades de Laguna Fría, mallín de los Cual, Los Pino, Chacay Oeste y Escorial.
En el mismo señalan que el proyecto para habilitar la megaminería se redactó “en flagrante violación de los Derechos Constitucionales y Supralegales que asisten a las Comunidades mapuche-tehuelche respecto a sus territorios, los recursos naturales y al derecho a la consulta previa, libre e informada”.
Por ello, solicitaron que se abstengan de “tratar o aprobar el proyecto de Zonificación hasta que se haga efectiva la consulta y participación de las comunidades originarias de la zona -remarcando además que para poder tratar un proyecto así se debe contar- con el consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades afectadas.
Precisamente, cuestionaron que el proyecto presentado por el Gobierno haya incumplido con el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual precisamente señala que “los gobiernos deberá consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, CADA VEZ QUE SE PREVEAN MEDIDAS LEGISLATIVAS o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Sobre este aspecto, señalaron que “las comunidades (que presentaron el escrito) y las demás establecidas en la Meseta Centro-Norte de Chubut y emplazadas dentro del área de zonificación, no han sido consultadas”, ni antes de presentar el proyecto ni ahora.
No solo esto, “sino que tampoco se ha garantizado el Derecho de consulta y participación antes de su presentación para tratamiento legislativo”.
Por todo esto, las comunidades remarcaron que si se avanza con el proyecto tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, “se estarían vulnerando notoriamente nuestros derechos como comunidades indígenas”.
Sobre el final, repasaron los diferentes instrumentos legales que los asisten y respaldan en el planteo expuesto a la Legislatura: Artículo 34 de la Constitución Provincial, 75 inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales supralegales como el Convenio 169 de la OIT, los artículos 18 y 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y el artículo 21 de la Convención de Americana de Derechos Humanos.
