La Justicia peruana determinó que el expresidente cobró más de 2,3 millones de soles en coimas a constructoras para adjudicar obras públicas. Vizcarra denunció una “venganza política” y su defensa anunció apelación.
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El expresidente de Perú, Martín Vizcarra (2018-2020), fue condenado este miércoles a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional consideró probado que el exmandatario recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) en sobornos cuando ejerció como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
La presidenta del tribunal, Fernanda Ayasta, detalló que Vizcarra aceptó una coima de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle en 2013 el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo, valuado en más de 80 millones de soles. Además, según la declaración de testigos considerados “idóneos y creíbles” por la sala, también recibió 1,3 millones de soles de la firma ICCGSA a cambio de favorecerla en las obras del Hospital de Moquegua.
La magistrada sostuvo que Vizcarra cometió “actos ilícitos” al aprovechar su condición de autoridad para direccionar contratos públicos “a cambio de dinero”. La sala dispuso, además, 9 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 94.900 soles.
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Aunque la Fiscalía había solicitado 15 años de cárcel, los jueces consideraron como atenuante la ausencia de antecedentes penales.
Minutos después de escuchar la sentencia, todavía en la sala, Vizcarra publicó un mensaje en X en el que afirmó que lo condenaron “por enfrentar al pacto mafioso” que —según él— controla el Congreso. “No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas”, escribió, aludiendo a su hermano Mario Vizcarra, quien ocupará su lugar como candidato presidencial para las elecciones de 2026.
El exmandatario insiste en que su destitución de 2020, impulsada por partidos conservadores como el fujimorismo, fue una represalia por haber disuelto el Congreso el año anterior en medio de un conflicto político por reformas anticorrupción.
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“Me han vacado, me han inhabilitado y ahora me meten a la cárcel. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra?”, publicó en redes minutos antes de ser detenido.
Según el testimonio del exgerente de Obrainsa, Elard Tejeda, los pagos acordados equivalían al 2% del monto del proyecto Lomas de Ilo y se hicieron en tres partes, incluyendo 400.000 soles destinados al alquiler de una avioneta para trasladar a autoridades bolivianas al acto inaugural en la ciudad de Ilo.
En el caso del Hospital de Moquegua, ICCGSA habría montado contratos ficticios para justificar la salida de más de 1,3 millones de soles, fondos que —según la sala— terminaron en manos de Vizcarra a través del exministro José Manuel Hernández, quien entregó el dinero en efectivo en la vivienda del expresidente en Lima. Incluso se acreditó un último pago de 200.000 soles cuando Vizcarra ya ocupaba la jefatura del Estado.
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El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, calificó la sentencia como “arbitraria” y anunció que solicitarán la suspensión de la ejecución inmediata, además de presentar “en el menor tiempo posible” el recurso de apelación. “Una persona inocente no puede estar privada de su libertad”, afirmó frente a la prensa a la salida del tribunal.
A pesar de los procesos judiciales en su contra, Vizcarra continúa entre las figuras con mayor intención de voto para las elecciones de 2026, aunque su inhabilitación complica su futuro político.
Fuente y foto: EFE
