“Luego de varias reuniones con el sector y de diferentes propuestas que llevamos a la mesa de negociación se logró un acuerdo que consiste el 15 por ciento de incremento del salario básico de todo el personal policial a partir de agosto y dejamos abierta una futura negociación para sentarnos en octubre a tratar el último trimestre del año”, ponderó Ayala sobre el acuerdo con la fuerza policial.
Luego de los encuentros de Esquel y Madryn se habían elaborado tres propuestas: una consistía en un adicional remunerativo no bonificable que beneficiaba a los sectores con ingresos más bajos, una segunda que contemplaba una mezcla entre un adicional remunerativo no bonificable y un incremento al básico y una tercera opción que contemplaba la totalidad del incremento al básico. Esta última opción terminó siendo aceptada por el Consejo de Bienestar Policial y con este aumento un agente ingresante superará los 100 mil pesos”, precisó.
“Las negociaciones fueron variando y se fueron acercando las partes hasta acordar este 15 por ciento de incremento”, remarcó Ayala.
“Sobre este trimestre tenemos prácticamente todos los sectores con los acuerdos alcanzados e incluso con algunos, los más complejos, ya estamos empezamos las reuniones, previstas para septiembre, para el último trimestre del año”, valoró.
Sin embargo, admitió que “con los docentes es el único sector con el que no estamos llevamos adelante las negociaciones desde el Ministerio de Gobierno y Justicia, lo hace Educación, por el conocimiento de la materia que él, confiamos en la capacidad y experiencia del ministro Grazzini. Con los auxiliares de la Educación ocurre lo mismo”.
Recordó que “todos sectores cerraron alrededor del 15 por ciento, pero con diversas modalidades: en algunos casos a través de sumas fijas, porcentajes al básico o un mix de ambas opciones, pero con el mismo porcentaje”.
En relación a Salud, señaló que “la totalidad de los gremios estuvieron de acuerdo en establecer un adicional que justamente se denominó “Adicional Personal de Salud” y en el acta se puso que con esto quedaba cerrada el tercer trimestre del año y en septiembre nos sentaremos para evaluar la situación financiera-económica de la Provincia y la pauta salarial para la última parte del año”.
En cuanto a los organismos autárquicos, explicó que “por la Ley de Ministerios, las negociaciones están a cargo del Ministerio Coordinador, pero como hoy no existe en este organigrama, las facultades recaen en el Ministerio de Gobierno y Justicia que actúa en forma conjunta con el Ministerio de Economía y Crédito Público”.
Ayala había sido crítico días pasados, al referirse a la sentencia del ex secretario general de ATECH, Santiago Goodman, por el incendio a la Legislatura en 2019, sobre la forma de manifestarse y protestar de las organizaciones sindicales y de la sociedad en general.
Consultado al respecto, refrendó que “entiendo en cualquier resolución judicial, como algo básico para la sociedad después de haber atravesado todas las crisis posibles, en nuestra Provincia estamos en condiciones de comenzar a trabajar, fomentar y solidificar los valores, y uno de los principales valores es el respeto”.
“Por ahí escuchamos que el criterio de una persona respecto de la Justicia varía si las resoluciones les son favorables a sus intereses o no, pero creo que tenemos que respetar las decisiones judiciales nos guste o nos guste, coincidamos o no coincidamos con los criterios, la Justicia nos brinda nos brinda herramientas para recurrir, pero básicamente hay que saber aceptarlas”, consideró.
Sobre la posibilidad de derogar el Fondo Ambiental Provincial, que ha generado un nuevo conflicto en la Pesca, analizó que “el Gobierno tiene como concepto político en la resolución de los conflictos debe surgir del diálogo y el consenso de todos los actores involucrados. En este tema puntual debe escucharse a los intendentes portuarios, que son los principales afectados por la derogación o modificación del fondo”.
“El Gobierno acompañará las propuestas y las decisiones, y todo lo que garantice la paz social, las fuentes de trabajo y las economías locales y regionales”, sostuvo.
“Los intendentes de Madryn y Rawson están participando activamente, aunque creo que deben expresarse los demás que se ven afectados y a partir de ahí deberían ser escuchados por los diputados porque está en cabeza del Poder Legislativo modificar, transformar o derogar esta norma”, sentenció.
