“¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del Yasuní, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”, será la pregunta que los ciudadanos deberán responder por Sí o No en la consulta, que corona una lucha de años de una serie de colectivos que rechazan el argumento de la pérdida de ingresos que significaría para Ecuador el freno a la explotación.
La decisión en manos de los ecuatorianos también pone al descubierto el fracaso, al menos en este caso, de un intento de Quito -durante la presidencia de Rafael Correa- de obtener dinero de países desarrollados a cambio de la preservación de la reserva.
“La consulta es muy importante y es el cierre de una lucha de 10 años. Pero no es inocente que aparezca en un momento tan sensible, de una incertidumbre tan grande. Se contaminó la consulta: elecciones anticipadas, lucha entre carteles, violencia disparada, crisis económica…”, lamentó Nahiara Morán, fundadora del colectivo Yasunidos, que impulsó el plebiscito durante años.
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En declaraciones a Télam, la activista lamentó que “cuando el país se juega su futuro, preguntar por Yasuní no es urgente ni prioritario para el ciudadano de a pie, que lucha por sobrevivir”.
No obstante, en Yasunidos hay optimismo respecto de un resultado favorable, en parte sustentado en una campaña que tuvo características variadas según la región del país a la que se apuntaba.
La discusión es por el bloque llamado 43-ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) de la reserva, considerada “un santuario de la biodiversidad”, que alberga 601 especies de aves, 140 especies de anfibios, 83 especies de reptiles y 201 de mamíferos, además de ser hábitat de comunidades de pueblos originarios no contactados.
Durante la presidencia de Correa se dejó de lado el decreto del gobierno de Jamil Mahuad que en 1998 había declarado al parque como “Zona Intangible para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y preservar la reserva de la biosfera lejos de los campos de petróleo”.
Pero Correa se propuso recaudar de las potencias unos 3500 millones de dólares a cambio de mantener el petróleo bajo tierra. Ofrecía evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de Co2, causante del calentamiento global. Y como apenas recaudó 750 millones, terminó por habilitar la extracción. “El mundo nos falló”, dijo entonces.
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No casualmente la candidata presidencial del movimiento liderado por Correa, Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, anunció que votaría ‘No’. “Les digo a los que proponen dejar el petróleo bajo tierra que Ecuador necesita medicinas, hospitales, becas y puestos de empleo”, dijo para sostener su decisión.
El punto atraviesa a las ocho fuerzas que pujarán el mismo 20 por la Presidencia: la escolta del exvice Otto Sonnenholzner, Erika Paredes, es una antigua activista de Yasunidos. Y también a favor de dejar el petróleo en el subsuelo se manifestaron los aspirantes Fernando Villavicencio, Yakú Pérez, Daniel Noboa y Jan Topic.
El candidato Bolívar Armijos, en cambio, coincide con el correísmo en inclinarse por el No, y nunca fue clara la postura de Javier Hervas.
Quienes defienden la opción del ‘Sí’ no se paran solo en el argumento de la riqueza de Yasuní en sí misma: advierten, también, que habría que iniciar el camino para que Ecuador deje de depender en extremo del petróleo, no únicamente porque en algún momento se acabará sino, además, porque buena parte del mundo planea dejar de demandarlo.
“La plata está sobre el suelo y no en la explotación/Respetemos nuestra tierra y la conservación/. 50 años desangrando a nuestro Yasuní, generando pobreza y un mal porvenir/. La política separa, la tierra nos une/. Ser ecuatoriano no es solo la selección/. Todo el dinero se lo llevaron las empresas y no dejaron nada para salud y educación, más una deuda externa que crece un montón”, reza uno de los últimos jingles de la campaña por el Sí en ritmo de salsa choke.
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La idea de llegar a las urnas no es nueva: “Hubo un intento décadas pasadas; se juntaron firmas, 700.000. Pero el Consejo (Electoral) anuló muchas en 2014 y la consulta no pasó. La lucha tuvo sus picos desde ese momento”, historió Morán.
El lapso entre aquella convocatoria y esta es central, porque en el medio Petroecuador inició la explotación, para lo cual construyó instalaciones e infraestructura -según números de la empresa- por 1.952 millones de dólares.
Con todo, Morán destacó la “gran expectativa” que generó la consulta, y resaltó que la pelea no es únicamente de organizaciones ambientalistas.
“Hay pescadores, estudiantes, maestros, sindicatos, organizaciones sociales… Una diversidad de actores en la campaña. Lo que está en juego es además que se perpetúe la vulneración de derechos de las tribus”, remarcó.
Según dispuso la Corte Constitucional, que fue la que aprobó en mayo la consulta, si gana el Sí, Petroecuador tendrá un año para desmantelar todas estas instalaciones, un plazo que la firma considera insuficiente.
“Abandonar un campo no es simplemente apagar los pozos, hacer maletas y salir del área. Las tareas incluyen poner tapones de cemento a los pozos petroleros, para cumplir con las regulaciones ambientales. Luego habrá que desmantelar la infraestructura, volverla chatarra, y dejar la selva como la encontramos“, explicó en su momento el gerente de Petroecuador, Ramón Correa.
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Además del tiempo, aparece la cuestión dinero: Petroecuador estimó que desmantelar instalaciones e infraestructura costará al menos 467 millones de dólares.
Un triunfo del Sí, en medio de la severa crisis económica, puede suponer que el mundo mire a Ecuador con algún respeto por la decisión.
Morán destaca que “no es común una consulta de este tipo ni en la región ni en el mundo”. “Es la primera vez en la historia que se le pregunta a un pueblo si quiere conservar un área. Y está relacionado con la lucha por el cambio climático. Si ganara el Sí, Ecuador pasaría a la historia como el primer país que puede pronunciarse constitucionalmente a favor de la conservación del ambiente. Marcaría un hito”, se ilusiona desde Quito.
Finalmente, Morán buscó desbaratar el argumento del Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso sobre los ingresos que perdería el país sin explotar Yasuní.
“Buscan infundir miedo con el argumento de perder plata. Hablan de 1200 millones de dólares, aunque la cifra no llega ni a 400 millones. Pero, además, se trata de un petróleo de mala calidad, espeso. Los procesos de tratamiento son extremadamente caros. El cálculo es que las empresas extractivas se llevan del 60 al 80% de las ganancias. No es ganancia que quede en el país”, explicó.
Telam
