La primera ministra Élisabeth Borne aseguró ayer que la cuestión de la edad que se pretende instalar como piso para la jubilación «ya no era negociable», mientras que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, acusó a la oposición de izquierda de querer «traer el desorden al país», informó la agencia de noticias AFP.
Laurent Berger, líder del sindicato CFDT, advirtió al Gobierno que «no puede seguir haciendo oídos sordos a esta formidable movilización que se ha creado (…): Escuche este descontento que se expresa por todas partes».
El retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto ocho años a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años -y no 42 como ahora- para cobrar una pensión completa cristaliza la oposición a la reforma.
Los sindicatos esperan que la jornada de protesta de mañana sea más multitudinaria que la del 19 de enero, cuando manifestaron en todo el país más de un millón de personas, según el propio gobierno. Los organizadores contabilizaron el doble de esa cantidad.
Ante la convocatoria de mañana, el Gobierno preparó un dispositivo de seguridad de 11.000 policías y gendarmes, mil más que el 19 de enero.
Solo en París se desplegarán mañana unos 4.000 agentes, explicó ante los medios Darmanin, que confía en que las nuevas movilizaciones transcurran «sin incidentes graves» y se respete el derecho legítimo de huelga y manifestación, informó la agencia de noticias Europa Press.
Para mañana se prevén nuevas afectaciones en el transporte, así como en la educación pública o en instalaciones industriales como refinerías, en línea con lo que ya ocurrió hace semana y media.
El rechazo al proyecto también progresa en la opinión pública -un 72%, según un sondeo reciente de Elabe-, pese al esfuerzo del gobierno de presentarlo como necesario para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones.
Para los observadores, el gobierno perdió «la batalla de la opinión» y ahora debe centrarse en la parlamentaria, que tampoco resulta sencilla.
El rechazo de algunos diputados oficialistas y del partido opositor de derecha Los Republicanos (LR) -favorables a una reforma y cuyo apoyo es clave- siembra de dudas su adopción.
La Asamblea inició hoy el examen en comisión del texto, que llegará a pleno el 6 de febrero antes de enviarse al Senado. Ambas cámaras tienen hasta el 26 de marzo para pronunciarse. Si no lo logran, el Gobierno podrá aplicarlo por decreto.
La edad de jubilación en la segunda economía de la Unión Europea (UE) es una de las más bajas de Europa y, de salir adelante la reforma, Francia se acercaría a los 65 años de España o los 67 de Dinamarca.
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