La jueza de garantías Eve Ponce rechazó los planteos de las defensas y convalidó el examen visual realizado sobre un teléfono secuestrado a dos de los imputados por el crimen de Mario Gianobille.
La jueza de garantías Eve Ponce convalidó la legalidad de la pericia realizada sobre un teléfono celular secuestrado en poder de dos de los imputados por el homicidio de Mario Gianobille, ocurrido en Playa Unión. La decisión fue adoptada luego de una audiencia en la Oficina Judicial de Rawson, donde las partes expusieron sus argumentos.
El dispositivo había sido encontrado en poder de F.G. y N. F. S. al momento de su detención en la vía pública, en una plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la acusación, ambos llevaban documentación de identidad falsa cuando fueron detenidos.
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La defensa, representada por Damián D’Antonio y Diego Cruceño, cuestionó el examen visual del contenido del teléfono. Los abogados sostuvieron que la medida podía afectar la intimidad de los imputados y también plantearon dudas respecto de la cadena de custodia del dispositivo.
El Ministerio Público Fiscal rechazó esos argumentos. El fiscal general Leonardo Cheuquemán, acompañado por la abogada de Fiscalía Daiana Sandoval, explicó que la inspección había sido solicitada y autorizada previamente por la jueza y que la extracción mediante la herramienta forense UFED no pudo realizarse debido a la antigüedad del teléfono.
La magistrada consideró que los defensores no lograron demostrar un perjuicio concreto derivado de la medida. También señaló que no habían aportado elementos suficientes para sostener la existencia de irregularidades en la cadena de custodia del aparato.
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El crimen investigado ocurrió el 20 de octubre de 2025 en Playa Unión. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Gianobille fue atacado dentro del quincho de una vivienda, donde recibió golpes con distintos elementos y sufrió múltiples lesiones. Posteriormente habría sido atado y asesinado mediante estrangulamiento.
Luego, el cuerpo fue envuelto en una manta, cubierto con una red y trasladado hasta un sector de acantilados ubicado entre Playa Magagna y Playa Santa Isabel. Al día siguiente, fue encontrado flotando en el mar en esa zona.
Por el homicidio se encuentran imputados C.F., F.G. y N. F. S.. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Rawson y la acusación contempla un homicidio triplemente agravado, figura que podría derivar en una pena de prisión perpetua en caso de una eventual condena.
Con información del Ministerio Público Fiscal.


