En la nueva audiencia, el exfuncionario negó las acusaciones y cuestionó la procedencia de posibles pagos irregulares, mientras los jueces no estaban al tanto de la recusación y decidieron suspender la sesión para revisar el escrito.
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En la última audiencia del juicio por la causa Cuadernos, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, presentó una recusación contra los integrantes del Tribunal Oral Federal N°7, lo que derivó en un cuarto intermedio. La noticia fue comunicada por Gabriel Palmeiro, abogado defensor de De Vido, al inicio de la sesión. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli aseguraron que desconocían la presentación y resolvieron suspender la audiencia para leer la recusación.
La sesión tenía como eje avanzar con las declaraciones de varios imputados, entre empresarios y exfuncionarios, que buscan desvincularse de las acusaciones de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En su declaración, De Vido afirmó haber actuado dentro de las funciones de su cargo y negó rotundamente haber recibido o gestionado servicios de choferes para su traslado, subrayando que su movilidad estaba cubierta por la custodia de la Policía Federal.
Además, el exfuncionario cuestionó las acusaciones sobre presunta financiación ilícita: “¿Si ese dinero existió, dónde está? ¿No se supone que fue producto de una finalidad espuria, asociada al enriquecimiento ilícito de quien lo recibiere?”, dijo durante su intervención. La fiscalía sostiene que el dinero habría sido entregado a distintos funcionarios en múltiples direcciones, incluido el domicilio de Olivos y la casa de gobierno, con parte de estos fondos redistribuidos o utilizados para otros funcionarios públicos.
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Entre los señalados en la causa figuran Cristina Kirchner, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, junto a un grupo de empresarios vinculados a la obra pública. En el banquillo también figura Oscar Centeno, el chofer cuya documentación dio origen a la investigación. Las primeras jornadas destacaron las declaraciones de imputados colaboradores como Claudio Uberti y Carlos Wagner, cuyos testimonios arrojaron luz sobre mecanismos de recaudación y el presunto uso de fondos para gastos políticos.
La complejidad del expediente es notable, con más de 600 testigos previstos. Esta magnitud ha sido uno de los argumentos para exigir mayor celeridad, incluso provocando intervenciones públicas de la Corte: el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti afirmó la necesidad de trabajar con agilidad y, si hace falta, durante el verano, para cumplir con los plazos procesales.
Fuente: TN
Foto: Archivo
