Las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Familia, Niñez y Juventudes retomaron el debate sobre la edad de imputabilidad de menores, un tema que había iniciado la semana pasada con intervenciones de funcionarios nacionales. La reunión fue presidida por Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, y contó con la participación de los autores de los proyectos, entre ellos Ramiro Gutiérrez (UP), Martín Yeza (Pro), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Eugenia Alianiello (UP).
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El principal punto de conflicto es la propuesta de reducir la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 13. Ramiro Gutiérrez propuso una solución intermedia fijándola en 14 años, argumentando que «la responsabilidad del menor imputable debe ser determinada a partir de los 14 años», alineándose con la resolución de la Convención de los Derechos del Niño del año 2019. Según Gutiérrez, un joven de 14 años puede comprender la gravedad de sus actos y sus consecuencias.
Eugenia Alianiello, de UP, defendió mantener la edad de imputabilidad en 16 años, como establece la ley actual, pero con reformas que faciliten la resocialización del menor. Criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por sugerir la necesidad de un nuevo régimen penal juvenil, cuando, según Alianiello, «ya existe pero necesita actualización». Subrayó la importancia de centrarse en las herramientas de resocialización más que en la edad de punibilidad.
Por otro lado, Martín Yeza del Pro, apoyó la reducción de la imputabilidad a los 14 años, destacando que muchas democracias liberales y occidentales ya tienen esta norma. Según Yeza, es importante aprender de las soluciones adoptadas por otros países para abordar la criminalidad juvenil de manera efectiva.
Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, coincidió con el Gobierno en establecer la edad de imputabilidad en 13 años. Propuso que un cuerpo de psicólogos y psiquiatras evalúe la comprensión de la criminalidad del acto por parte del menor, sugiriendo que estos profesionales están capacitados para determinar la capacidad del joven para ser imputado.
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El debate continúa siendo intenso y polarizado, con argumentos que reflejan diferentes enfoques sobre cómo abordar la delincuencia juvenil y la resocialización de los menores.
Fuente: Noticias Argentinas.
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