Los integrantes de las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR), y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, que preside Jorge Vara (UCR), se reunirán en el 2° piso del Anexo «C» de la Cámara baja y, si le dan el visto bueno a la iniciativa, luego deberá ser avalado por la comisión de Presupuesto y Hacienda.
El proyecto fue aprobado por el Senado el 10 de diciembre de 2021 y apunta a crear protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, impulsada por la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR), establece que «toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes».
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De acuerdo al texto, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, establecerá los requisitos mínimos de los protocolos y determinará el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido.
También, deberá poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.
Asimismo, tendrá a su cargo la tarea de brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.
Según el proyecto, el protocolo «deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño».
