El Gobierno argentino avanzará en las próximas horas con la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista”, incorporándola al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida tendrá repercusiones en el plano judicial, diplomático y de seguridad.
La inclusión en el listado oficial implicará el congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y permitirá profundizar investigaciones sobre posibles vínculos locales. Además, fortalecerá la cooperación internacional en materia de inteligencia.
Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y prófugo por su presunta participación en el atentado a la AMIA, es uno de los principales motivadores de esta decisión. La medida coincide con la escalada militar en Medio Oriente, que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel.
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El antecedente de los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA en Buenos Aires, que dejaron más de un centenar de muertos, constituye un factor central en la medida. Ambos atentados están vinculados a estructuras relacionadas con el régimen iraní y a la coordinación de Hezbolá como brazo ejecutor.
La Guardia Revolucionaria, creada tras la revolución islámica de 1979, funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas de Irán, con autonomía operativa y fuerte influencia en decisiones estratégicas. Su brazo exterior, la Fuerza Quds, coordina operaciones internacionales y vínculos con milicias en Medio Oriente.
La medida permitirá a las autoridades argentinas bloquear activos, monitorear conexiones locales y avanzar en la investigación de vínculos financieros y operativos de la organización en el país. Representa un paso concreto en la política argentina frente al terrorismo internacional, alineada con estándares globales y con la agenda judicial histórica del país.
FUENTE: Infobae.
IMÁGEN: BBC.
