Esta decisión surge como respuesta a las intensas precipitaciones que afectaron la provincia, así como también a regiones de Paraguay y el sur de Brasil.
Los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay, junto con otros arroyos, han experimentado crecidas repentinas, resultando en inundaciones y cortes de caminos y puentes.
Como consecuencia de estos eventos climáticos, se han registrado pérdidas significativas tanto en términos económicos, debido a la necesidad de reparación de infraestructuras, como en el aislamiento de áreas urbanas y poblaciones.
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El objetivo de esta medida es proporcionar asistencia a los afectados, llevar a cabo obras necesarias y llevar adelante acciones para la reparación y mitigación de los daños ocasionados por este fenómeno climático.
La declaración de emergencia incluye a habitantes, familias, viviendas, emprendimientos productivos y de servicios, reparticiones públicas, infraestructuras viales y edilicias, organizaciones civiles y religiosas, así como cualquier otra actividad o infraestructura que haya sufrido inundaciones directas.
Esta medida tiene efecto retroactivo desde el 1 de noviembre y se extiende por 180 días, con la posibilidad de prórroga si la situación persiste. Además, autoriza a las reparticiones del Gobierno provincial a llevar adelante todas las acciones necesarias para obtener los recursos necesarios para la pronta reconstrucción de las áreas afectadas, incluyendo gestiones ante las autoridades nacionales.
Fuente Télam.
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