La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la amnistía “llega a su fin”, a solo dos meses de la aprobación de la ley y en medio de fuertes cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.
Según datos de ONG, aún quedarían 473 presos políticos en el país, lo que mantiene abierta la controversia sobre el alcance real de la norma y su aplicación efectiva.
Rodríguez no brindó detalles sobre el alcance del “fin” de la amnistía ni explicó el mecanismo legal de la decisión, y sostuvo que los casos excluidos podrían ser tratados en otros programas estatales vinculados a justicia y convivencia.
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Organizaciones como Provea, Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón calificaron la medida como arbitraria e inconstitucional, al sostener que el Ejecutivo no tiene facultades para dar por terminada una ley vigente.
Las ONG también advirtieron que la decisión genera inseguridad jurídica y vulnera el principio de separación de poderes, ya que una ley solo puede ser modificada por el Parlamento o anulada por el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, el oficialismo informó que más de 8.600 personas fueron amnistiadas y que se recibieron más de 12.000 solicitudes, aunque no se ha publicado un listado oficial de beneficiarios.
