Representantes de organizaciones humanitarias en El Salvador, incluyendo COFAPPES, MOVIR y Socorro Jurídico Humanitario, denunciaron una situación de persecución política por parte de las autoridades estatales en El Salvador.
Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), afirmó que no están dispuestos a normalizar este tipo de persecución y denunció el hostigamiento por parte de la Policía y del Ejército.
Alfredo Mejía, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), agregó que durante algunas de sus protestas han detectado la presencia de infiltrados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), que se hacen pasar por periodistas, así como seguimiento desde vehículos y intentos de detenciones. Mejía subrayó que están defendiendo a personas inocentes y pidió respeto a su labor.
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Oscar Rosales, del Socorro Jurídico Humanitario, expresó su preocupación por los intentos de agentes de la Policía de ingresar sin orden judicial en sus instalaciones en San Salvador. Rosales alertó sobre la preparación de actos arbitrarios y falsos positivos por parte del Estado para justificar detenciones ilegales.
Estas denuncias se enmarcan en un contexto en el que El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022 debido a una escalada de homicidios atribuida a pandillas, lo que ha resultado en miles de detenciones y denuncias de violaciones a derechos humanos.
Los activistas señalan que esta persecución política es parte de la estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele para silenciar voces críticas y opositoras.
FUENTE: DW.
