Tanto Amnistía Internacional Argentina, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Participación Ciudadana de Tierra del Fuego cuestionaron el certamen realizado por el Consejo de la Magistratura de la provincia que ahora debe ser convalidado por Melella.
Las organizaciones indicaron que el sistema de selección de magistrados vigente en la provincia austral no contempla la «merituación objetiva de antecedentes», ni «evaluaciones escritas corregidas por jurados académicos», como tampoco «ordenes de mérito» ni «ternas de candidatos».
Asimismo, acusaron al Consejo de la Magistratura de «discriminación indirecta» por no aplicar criterios que aseguren la «perspectiva de género».
Hay que recordar que el Superior Tribunal de Tierra del Fuego fue ampliado en 2020 de tres a cinco miembros, por lo que el Consejo realizó un concurso para cubrir las dos vacantes producidas.
En este marco, el certamen concluyó con la selección del camarista de Río Grande Ernesto Loffler y el otro cargo fue declarado desierto, aunque el procedimiento está siendo sometido a un proceso de «consulta ciudadana» fijado por decreto, antes de que el gobernador Melella ratifique o no el nombramiento.
En esa instancia, Amnistía Internacional se presentó ante el mandatario y exigió «un proceso de selección de jueces transparente, que promueva la rendición de cuentas y la perspectiva de derechos humanos y la igualdad de género, a efectos de garantizar el máximo respeto de los estándares internacionales de derechos humanos».
En ese orden, la organización internacional con sede en Argentina tuvo en cuenta que Tierra del Fuego «muestra un mapa desigual en la representatividad de las mujeres en la justicia», ya que «el 82 % de los magistrados y magistradas de los tribunales superiores de la provincia son varones».
Por su parte, la Amnistía Internacional Argentina, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia le pidió directamente a Melella que «rechace el pliego enviado por el Consejo de la Magistratura» y cuestionó que en el concurso para ser juez «no existen criterios objetivos de evaluación» y «no se garantiza el tratamiento igualitario en la evaluación y constatación del requisito de idoneidad, al permitirse que se meritúen cuestiones iguales con criterios diferentes». Este proceso «extremadamente discrecional» posibilita «imponer patrones discriminatorios», agrega el documento de la ONG especializada en temas judiciales.
Por último, la presentación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales destaca que el concurso «no ha dado cumplimiento a los estándares de igualdad, género y no discriminación adoptados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales», e insiste en que «la existencia de formas evidentes de desigualdad, se manifiestan en el naturalizado techo de cristal que aqueja a las mujeres en el acceso a cargos jerárquicos del Poder Judicial de Tierra del Fuego».
