El Gobierno de Tucumán ha iniciado la licitación para adquirir 4.500 chalecos antibalas nivel de resistencia RB3 para las fuerzas de seguridad locales. La convocatoria a proveedores comenzó el pasado 4 de abril bajo el expediente Nº73-213 D-2024, con ofertas que varían entre los 1.000 y 1.200 dólares por chaleco. Sin embargo, la licitación ha desatado una serie de controversias y denuncias que ponen en jaque a las autoridades provinciales.
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Las ofertas presentadas por los proveedores iban desde los 1.000 dólares por chaleco, lo que sumaba un total de 4.500.000 dólares, hasta los 1.200 dólares por unidad, alcanzando los 5.400.000 dólares.
La diferencia de 900 mil dólares ha generado suspicacias, especialmente considerando que las características de los chalecos eran similares, diferenciándose únicamente en el periodo de garantía ofrecido por cada empresa. Industrias SEATKE SA ofreció una garantía de cinco años, mientras que Delta V SA propuso un periodo mayor, lo cual está en debate según los parámetros técnicos de la ANMAC.
El proceso de licitación ha llegado al Tribunal de Cuentas de Tucumán, y el ministro de Seguridad local, Eugenio Agüero Gamboa, ha sido denunciado por posibles delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. El funcionario es el encargado de decidir la compra del material de seguridad, y la diferencia de 900 mil dólares entre las ofertas representa más de 1000 millones de pesos según el dólar actual.
Esta no es la primera vez que Tucumán enfrenta controversias relacionadas con licitaciones. Semanas atrás, las autoridades presentaron otros 4500 chalecos antibalas, 300 pulseras electrónicas y 50 camionetas nuevas. En un acto formal, el gobernador Osvaldo Jaldo, junto a Agüero Gamboa y la cúpula de la Policía, anunciaron la adquisición del nuevo material.
Fuentes consultadas por NA han expresado sospechas de corrupción: “Las ofertas son similares y los políticos eligen la más cara”. Esta situación recuerda casos anteriores a nivel nacional, como la dudosa licitación para la renovación de DNI y pasaportes bajo la gestión de Alberto Fernández.
Los proveedores que podrían perder la licitación han asegurado que llevarán el caso a instancias legales, solicitando una revisión del proceso. Según documentos internos, han argumentado que la diferencia de precio de 1.000.000 de dólares es un gasto innecesario que se está adjudicando arbitrariamente a la firma DELTA SA.
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Mientras tanto, la Fiscalía Federal de Tucumán investiga a Agüero Gamboa por los posibles delitos de lavado de activos y malversación de fondos públicos. El denunciante, Antonio Oscar Brito, ha señalado que el ministro no puede justificar su abrupto aumento patrimonial en los últimos cuatro años de gestión.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: Revista Noticias.
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