El Gobierno presentó nuevas pruebas en una causa que investiga una supuesta millonaria defraudación en la compra de guardapolvos destinados a niños vulnerables, realizada durante la gestión del disuelto Ministerio de Desarrollo Social.
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La denuncia, ahora ampliada, apunta a acuerdos firmados por la exministra Victoria Tolosa Paz y el secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano, con 30 cooperativas para la confección de guardapolvos por más de 5.000 millones de pesos.
Los acuerdos involucraron la confección de un millón y medio de guardapolvos para estudiantes de bajos ingresos, pero solo se entregaron menos de la mitad de las prendas comprometidas.
A pesar de esto, se cobró casi el 80% del total de los fondos previstos. La denuncia fue presentada ante el juzgado federal de María Servini.
Tolosa Paz rechazó las acusaciones, argumentando: “Yo no adquirí guardapolvos como ministra, yo adquirí y llevé adelante un programa de inclusión social”. Además, consideró que “Milei intenta contar denuncias porque no puede contar nada bueno (…) Nos tiene que poner a todos los gestionadores públicos en el lugar de los sospechosos de corrupción”.
Los funcionarios del Ministerio de Capital Humano, encabezados por Sandra Pettovello, también acusaron a Tolosa Paz de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
“Demás está decir que si no hubiera mediado un acto de corrupción por parte los funcionarios públicos implicados, a fin de conseguir un beneficio económico ilegítimo en su propio provecho, claramente no hubieran tenido lugar los hechos narrados”, establece el escrito que deberá investigar la jueza Servini.
La investigación, basada en auditorías del Ministerio de Capital Humano, señala que las cooperativas recibían pagos fraccionados por los contratos, pero los incumplimientos no impedían que los funcionarios realizaran los desembolsos.
La denuncia también destaca irregularidades en los procesos de contratación y presuntas conexiones entre las cooperativas y funcionarios del gobierno anterior.
El Ministerio de Capital Humano expuso un supuesto modus operandi en el que las cooperativas solicitaban subsidios bajo condiciones similares, basándose en estimaciones de precios de guardapolvos proporcionadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Además, varias cooperativas carecían de la infraestructura necesaria para confeccionar las prendas.
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El gobierno busca esclarecer la situación a través de la investigación judicial, mientras que la jueza Servini investigará los hechos denunciados para determinar si se cometieron delitos de administración fraudulenta y corrupción en perjuicio de la administración pública.
Fuente: Infobae.
Foto: La Gaceta.
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