Un informe de AI reveló una campaña coordinada de acoso digital, desinformación y vigilancia contra activistas que protestaron entre 2024 y 2025. El organismo responsabiliza al Estado por detenciones, desapariciones forzadas y 128 muertes.
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Las autoridades de Kenia habrían utilizado troles de manera sistemática para reprimir las protestas encabezadas por jóvenes de la Generación Z entre junio de 2024 y julio de 2025, según un informe publicado por Amnistía Internacional (AI). El documento, titulado “Este miedo todos lo sienten: Violencia facilitada por la tecnología contra jóvenes activistas en Kenia”, expone una estrategia de intimidación digital que incluyó acoso en línea, campañas de desprestigio y desinformación dirigida para acallar las manifestaciones contra la corrupción y las nuevas leyes tributarias.
De acuerdo con AI, estas tácticas fueron impulsadas por troles patrocinados por el Estado y redes de individuos pagados para amplificar mensajes favorables al Gobierno, con el objetivo de influir en las tendencias diarias de la red social X. La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, afirmó que la investigación detectó “tácticas generalizadas y coordinadas” destinadas a silenciar voces críticas mediante amenazas, lenguaje abusivo, difamación y vigilancia.
Las protestas, que se desarrollaron en 44 de los 47 condados del país —incluidas las ciudades de Nairobi, Mombasa y Kisumu—, fueron protagonizadas por jóvenes que reclamaban contra aumentos impositivos, el feminicidio y la corrupción. Según el informe, la respuesta estatal derivó en arrestos, desapariciones forzadas y violencia letal: AI registró al menos 128 muertes, 3.000 detenciones y más de 83 desapariciones en ese período como consecuencia del uso excesivo de la fuerza.
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El documento detalla testimonios de activistas que recibieron amenazas violentas a través de X, TikTok, Facebook y WhatsApp. Uno de los entrevistados aseguró haber trabajado como trol a sueldo, cobrando entre 25.000 y 50.000 chelines kenianos por día para contrarrestar etiquetas de protesta y promover mensajes oficiales. Otro joven, Joshua, líder estudiantil, relató que los llamados “blogueros 527” —presuntamente financiados por el Gobierno— se dedicaban a deshumanizar y hostigar a quienes cuestionaban a funcionarios o ministerios.
AI también documentó campañas coordinadas de desprestigio, como la etiqueta “#ToxicActivists”, utilizada en abril de 2025 para atacar a la periodista Hanifa Adan tras su participación en el documental “Blood Parliament”, de la BBC, donde se investigó un tiroteo contra manifestantes el 25 de junio de 2024. Las mujeres que participaron en protestas contra los feminicidios denunciaron amenazas, misoginia y difusión de imágenes íntimas generadas por inteligencia artificial con el fin de silenciarlas.
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Pese a la gravedad de las acusaciones, el secretario del Interior de Kenia, Kipchumba Murkomen, negó cualquier participación estatal en actos de acoso digital y aseguró que las fuerzas de seguridad deben actuar dentro de la ley. Sin embargo, AI advirtió que la falta de investigaciones sobre vigilancia ilegal y desapariciones ha creado un clima de intimidación que restringe la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Algunos activistas también señalaron a la empresa de telecomunicaciones Safaricom por supuestamente permitir la localización de manifestantes mediante unidades policiales clandestinas, algo que la compañía negó categóricamente. Amnistía Internacional exigió al Gobierno que investigue las desapariciones forzadas, los actos de violencia ilegítima y las denuncias de vigilancia ilegal, además de garantizar reparación a las víctimas y familiares de las personas fallecidas.
