Más de 550 efectivos realizan allanamientos en el barrio porteño de Flores, con denuncias por trabajo clandestino y trata de personas en talleres textiles.
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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Espacio Público, lleva a cabo un operativo de gran envergadura en el barrio de Flores, específicamente en la zona de la calle Avellaneda, con el objetivo de desalojar a más de 5.000 manteros que operan de manera ilegal. El operativo comenzó esta madrugada y se lleva a cabo con la participación de 550 efectivos entre policías, inspectores y operarios de distintas divisiones.
Desde las 04:00 horas, los efectivos policiales comenzaron a intervenir en varios puntos críticos del barrio, como en la intersección de Avenida Nazca y Avellaneda, Bogotá y Campana, Cuenca y Avellaneda, y Helguera y Venancio Flores, donde se están realizando más de 50 allanamientos. El operativo también provocó cortes de tránsito en la zona, lo que generó inconvenientes para los vecinos y transeúntes.
En el marco del operativo, se han registrado denuncias por trabajo clandestino y trata de personas en los talleres textiles de la zona. Las autoridades informaron que están investigando posibles conexiones con redes de explotación laboral. La intervención de la Agencia Gubernamental de Control, Tránsito, y la Dirección Nacional de Migraciones apunta a desmantelar estas redes y frenar el comercio ilegal en la zona.
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Vecinos y comerciantes del barrio de Flores se mostraron a favor del operativo, ya que denuncian que están siendo obligados a convivir con el descontrol y la competencia desleal de los manteros, quienes ocupan de manera irregular las calles del barrio. La medida se alinea con las políticas del gobierno de la Ciudad para luchar contra el comercio ilegal y reordenar el espacio público.
La causa está siendo investigada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22, a cargo de la jueza Rocío López Di Muro, y por la Fiscalía de Delitos Complejos, liderada por la fiscal Celsa Ramírez. La intervención judicial buscará determinar las responsabilidades penales en este contexto de trabajo ilegal y posibles delitos conexos.
Fuente y foto: Noticias Argentinas
