El Ministerio de Salud informó que los trabajadores cesanteados no cumplían funciones. Mientras tanto, crecen los reclamos salariales en hospitales nacionales y se agrava el conflicto con el sindicato ATE.
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En el marco de un «reordenamiento profundo» del sistema sanitario, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó este miércoles el despido de 110 trabajadores del Hospital Nacional Alejandro Posadas, a quienes se acusó de no cumplir funciones ni asistir regularmente a sus puestos. La medida fue comunicada oficialmente mientras se desarrollaba una nueva protesta frente al Congreso en la que participaron residentes de los hospitales Garrahan y Posadas, en reclamo de mejoras salariales.
Según informó la cartera sanitaria, los despidos se decidieron tras realizar auditorías internas que habrían demostrado ausencias reiteradas e injustificadas. “Cada caso fue evaluado individualmente, y se siguieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes”, detallaron en un comunicado. El Ministerio también solicitó a la Secretaría de Trabajo levantar la conciliación obligatoria dictada en el conflicto del Hospital Garrahan, aduciendo que el sindicato ATE «incumplió deliberadamente» las condiciones acordadas.
La decisión generó malestar en el personal sanitario, especialmente en los residentes, que ya venían manifestándose por la crítica situación laboral y salarial. El reciente alejamiento del director del Posadas, Ángel Elia, con quien los trabajadores mantenían una buena relación, agravó la tensión. Su reemplazo, Luis Quintas, ratificó días atrás una propuesta salarial que incluye un bono no remunerativo de $300.000 y un incremento del pago por guardia, pero las protestas continúan.
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Mientras tanto, el Garrahan atraviesa su propio conflicto: este miércoles comenzó un paro de 48 horas impulsado por ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos. En medio de la jornada, renunció la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Soraya El Kik, por “motivos de salud”. La ausencia de las autoridades del Consejo en una nueva audiencia agudizó aún más el descontento.
Desde el Ministerio de Salud insistieron en que “los hospitales no son refugios políticos ni oficinas de empleo” y que el objetivo del reordenamiento es garantizar una salud pública «al servicio de la gente y no de la casta sindical». A su vez, confirmaron que se descontarán los días no trabajados a quienes adhieran a medidas de fuerza que consideran “ilegales”.
El conflicto pone en evidencia las tensiones entre el Gobierno nacional y los sectores sindicales dentro del sistema de salud pública, en un momento crítico donde los recursos y la estabilidad institucional se presentan como ejes centrales del debate.
Fuente y foto: La Nación
