El arresto fue coordinado entre fiscalías de Argentina y Uruguay, en una operación internacional que derivó también en allanamientos y nuevas detenciones en Montevideo.
Un ciudadano uruguayo de 38 años, identificado como Luis Fernández Albín, fue detenido en el barrio porteño de Flores acusado de integrar una organización narcocriminal responsable del acopio y la exportación de más de dos toneladas de cocaína incautadas en agosto en Punta Espinillo. La medida, ordenada con fines de extradición, respondió a un pedido urgente de la Fiscalía Especializada en Estupefacientes de Uruguay y se concretó tras un mes de seguimientos en Buenos Aires.
La operación se realizó en conjunto entre el Ministerio Público Fiscal argentino y su par uruguayo, con la participación de la Red de Fiscales Antidrogas (RFAI). La Policía Federal Argentina detuvo al sospechoso durante la madrugada, luego de que se emitiera una circular roja de Interpol y mientras en Uruguay se desarrollaban simultáneamente allanamientos que culminaron con la detención de otras tres personas vinculadas a la misma organización.
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Según la investigación uruguaya, Fernández Albín habría organizado el acopio y la exportación de 2.000 kilos de cocaína en el operativo “Nueva Era”, y también es investigado por lavado de activos. A partir del intercambio de información entre fiscalías, el equipo del fiscal federal Eduardo Taiano, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad, solicitó allanar el domicilio del sospechoso en Flores y secuestrar elementos de interés para la causa.
Las medidas se ejecutaron de forma coordinada entre ambos países para garantizar la preservación de la prueba y la simultaneidad de las detenciones. En las últimas horas, Fernández Albín se allanó a la extradición, y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional del MPF argentino ya gestiona los pasos formales para concretarla.
La investigación se desarrolló bajo los convenios de cooperación interinstitucional de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que facilitan el intercambio directo y seguro de información entre fiscalías para combatir delitos complejos. El caso se enmarca también en las obligaciones bilaterales del tratado de extradición entre Argentina y Uruguay.
