Los proyectos de sostenibilidad de la deuda y de promoción de la actividad de la construcción a través de incentivos fiscales recibirán esta tarde dictamen en diferentes reuniones de comisiones de la Cámara de Diputados, y se anticipa que serán sancionados mañana en la primera sesión extraordinaria del cuerpo.
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados se reunirá a partir de las 13 para tratar el proyecto que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, deben contar con aval parlamentario.
En el encuentro, que será presidido por los titulares de esos cuerpos asesores, Carlos Heller y Fernanda Vallejos, se firmará el dictamen favorable en relación a la iniciativa votada que ya cuenta con la aprobación del Senado y que será debatida este jueves en el recinto de sesiones de la Cámara baja.
El proyecto determina que «la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio».
En ese sentido, establece que toda emisión que supere dicho «porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente».
En el artículo segundo dispone que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley» del Congreso «que lo apruebe expresamente».
Por otro lado, a las 18, el plenario de las comisiones de Vivienda y Ordenamiento Humano y Presupuesto y Hacienda, que presiden Domingo Amaya (Juntos por el Cambio) y Heller (FdT), analizarán y emitirán dictamen sobre el proyecto para promover la construcción.
La iniciativa impulsada por el Gobierno exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.
Al mismo tiempo, propone que los tributos sobre las transacciones inmobiliarias (Impuesto a las Ganancias e Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, según corresponda) se haga al momento de percibir los ingresos por la inversión y se adecúe el monto imponible a su evolución en términos reales.
Por último, las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único impuesto (con alícuota creciente en el tiempo) y se les otorgará un «bloqueo fiscal» respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos, además de una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas.
