La Coalición Cívica presentó un proyecto para declarar nulo el decreto 4/2025 que prorrogó el impuesto sobre pasajes al exterior, argumentando que vulnera la Constitución.
El bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de resolución que busca declarar nulo el decreto 4/2025, emitido por el Gobierno, que prorrogó el impuesto del 7% sobre los pasajes al exterior por medios aéreos, marítimos, fluviales o terrestres, excluyendo a los países limítrofes. La iniciativa sostiene que el Presidente no tiene facultades para dictar decretos en materia tributaria, ya que la Constitución lo prohíbe expresamente.
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El proyecto, encabezado por el diputado Juan Manuel López, señala que el DNU 4/2025 no solo carece de base constitucional, sino que además su implementación es cuestionada por su ineficiencia en la fiscalización del cumplimiento de este tributo. En este sentido, el propio ministro Federico Sturzenegger había calificado el mecanismo de recaudación como burocrático y costoso para el fisco.
El artículo 99 de la Constitución, que establece que el Poder Ejecutivo no puede dictar decretos sobre tributos, es una de las principales referencias de los diputados opositores. Maximiliano Ferraro, uno de los firmantes del proyecto, remarcó que el decreto viola flagrantemente dicha norma y no puede ser aceptado como un precedente, dado que cualquier reforma tributaria debe pasar por el Congreso.
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El Decreto 4/2025 fue impulsado por el Gobierno con el fin de financiar el Fondo Nacional de Turismo, administrado por el ministro Daniel Scioli. Sin embargo, la prórroga del impuesto ha generado críticas de empresarios del sector turístico, voces de la oposición y expertos constitucionalistas, quienes aseguran que el decreto es nulo por ser materia tributaria.
Además, constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez han señalado que la extensión de un impuesto por medio de un DNU es una clara violación al principio constitucional que establece que tales medidas deben ser aprobadas por el Congreso. La medida afectaría directamente a los ciudadanos que adquieran pasajes al exterior, quienes, según los críticos, podrían impugnar la validez del decreto por la afectación a su derecho de propiedad.
Fuente: LA NACIÓN.
Imagen ilustrativa: argentina.ladevi.info.