A las 20:30 hs del viernes, un vecino del Barrio Estación salió de un local comercial y fue abordado por el imputado junto a otras dos personas. El imputado le solicitó una cerveza que la víctima portaba, se la entregó para evitar problemas y una vez que este tuvo la botella en su poder, procedió a golpearlo con la misma en la nuca. El denunciante cayó al suelo, entonces el imputado y los acompañantes se le tiraron encima y le sustrajeron un celular y el dinero que tenía, antes de darse a la fuga.
La funcionaria María Elena Cimadevilla detalló en la audiencia el relato de este y de varios otros hechos ocurridos en el último mes, por los que también se formalizó la investigación.
Los hechos fueron calificados como robo, encubrimiento, hurto, amenazas.
La Fiscalía requirió el dictado de la prisión preventiva por considerar que no hay otra medida que implique una restricción menor a la libertad, que garantice que el imputado no obstruirá el proceso. Cimadevilla resaltó que la actitud del imputado se fue tornando más violenta con el tiempo y esto hace evidente que podría influir en los testigos. También añadió que rota sus domicilios, pernoctando en casas de personas que se juntan a consumir alcohol y en las que se esconden elementos de hechos ilícitos.
La defensora Valeria Ponce, relativizó algunos de los hechos, indicando que si bien hay numerosos legajos, no estarían dados en todos ellos los elementos que requiere el código para que corresponda la aplicación de la calificación jurídica que escogió la Fiscalía. También destacó que su defendido estuvo dispuesto a declarar y contestar preguntas, lo que debe contemplarse en su favor.
Luego de analizar los hechos y los riesgos procesales, el juez Martín O’Connor consideró que hay elementos de convicción suficientes para tener por probado en esta etapa inicial, que los hechos que le imputa la fiscalía, ocurrieron y que hay probabilidad de que el imputado sea su autor. Luego analizó la conducta demostrada por el acusado en los distintos hechos, valorando que como sostuvo la funcionaria de Fiscalía, se evidencia un incremento en la violencia puesta en los hechos. Entendió que este es el motivo principal por el que no puede disponerse una medida que dependa de confiar en que el imputado se someterá voluntariamente a lo que disponga el juez. Luego de un minucioso análisis, O’Connor dispuso la prisión preventiva por el plazo de 30 días.
