El 3 de junio de 1987, el Congreso argentino sancionó una ley que marcó un antes y un después en la historia del derecho civil: el Senado aprobó la Ley de Divorcio Vincular, una legislación que permitió la disolución legal del matrimonio en el país. Fue promulgada pocos días después, el 12 de junio, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
La norma, registrada como Ley 23.515, modificó el Código Civil que estaba vigente desde 1871. Hasta ese momento, sólo se permitía el divorcio por incumplimiento de obligaciones conyugales, pero sin disolver el vínculo matrimonial. Con la nueva ley, las personas podían volver a casarse legalmente después de divorciarse, algo que antes estaba prohibido.
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El camino para lograr esta reforma fue largo y complejo. Desde 1888 se habían presentado proyectos en el Congreso que nunca prosperaron debido a la oposición de sectores católicos y conservadores. En 1954, durante el segundo gobierno de Perón, se aprobó una ley que habilitaba el divorcio vincular, pero fue derogada por la dictadura militar al año siguiente.
Uno de los casos que impulsó el debate público fue el del juez Juan Bautista Sejean y su pareja, la abogada Alicia Natalia Kuliba, quienes denunciaron la inconstitucionalidad de la indisolubilidad del matrimonio. La imposibilidad de casarse legalmente dejó a su hija Natalia como extramatrimonial, visibilizando la necesidad de una legislación más acorde con los derechos individuales.
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Con la sanción definitiva durante el gobierno de Alfonsín, la Argentina dio un paso fundamental hacia una sociedad más plural y respetuosa de las libertades personales. El divorcio vincular no solo reconoció la posibilidad de rehacer la vida legalmente, sino que también reflejó un cambio profundo en las concepciones sociales sobre el matrimonio.
Fuente: Universidad del Chubut.
Imagen: La Capital.
