Las fuentes explicaron que todo empezó cuando quiso ingresar al predio «la facción de la UOCRA identificada con Agustín Medina (hijo del «Pata»), debiendo desplegarse Infantería a fin de separarlos con uso de químicos y estruendo».
Desde la intervención del gremio denunciaron que los manifestantes que se acercaron a la planta de YPF «no dejaban ingresar a los trabajadores a sus puestos» y aseguraron que «se arrogan una representación sindical que no tienen».
«Hay muchos que ni siquiera son afiliados a la UOCRA y lo que pretenden es continuar con actitudes mafiosas en desmedro de los trabajadores», dijo un vocero de la intervención a Télam.
Trascendió que había un detenido, pero una fuente judicial dijo a esta agencia que no había demorados «sino sólo identificados» en la causa penal que instruye el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
Desde la empresa negaron un conflicto laboral y lo atribuyeron a una interna entre facciones del gremio, intervenido desde la detención de Medina y a cuyo frente está Carlos Vergara.
Según los trabajadores, el conflicto fue por «problemas gremiales», mientras desde la intervención explicaron que «surge el día viernes por una liquidación de haberes».
«Hubo un inconveniente en AESA, que funciona dentro del predio, por liquidación de sueldos; en vez de venir los afiliados a pedir explicaciones, gente relacionada a la gestión anterior convocó por redes sociales un piquete para esta mañana», dijeron las fuentes de la conducción actual.
«La UOCRA no participa de esto; la actitud del normalizador es dialogar con la empresa si hay un problema o una mala liquidación», dijeron. Así, representantes de la intervención y de la empresa se reunieron en el Ministerio de Trabajo provincial.
La Policía Científica trabajó para recolectar pruebas que permitan identificar si además de pedradas y palazos hubo disparos de arma de fuego en la refriega.
Medina está detenido desde septiembre de 2017 por asociación ilícita y lavado de activos, en sendas causas que se tramitan en juzgados de La Plata y Quilmes.
En la causa de asociación ilícita el fiscal platense Alvaro Garganta le imputó ser jefe de una banda, con el agravante de poner en peligro la vigencia de la Constitución, delito que puede ser castigado hasta con 20 años de encierro.
Para el fiscal hay «elementos suficientes para tener por acreditado que por lo menos de hace seis años a la fecha un grupo integrado por al menos 11 personas, una de ellas como jefe, valiéndose de la circunstancia de ser el secretario general de la Uocra La Plata, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado por sí, o utilizando como medio a los obreros del gremio para tales fines».
Agregó que «mediante actos intimidatorios, y bajo la amenaza de parar las obras y trabarlas en conflictos gremiales, procuraron de manera sistemática y de imposible cumplimiento, sin un acuerdo previo, la concesión por parte de empresas y contratistas de importantes beneficios económicos, imposición de personal, cantidad del mismo y empresa proveedora de viandas, entre otras cosas».
