El gobierno activó el estado de emergencia por 60 días debido al impacto de inundaciones y deslizamientos que ya afectan a todo el territorio ecuatoriano.
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El gobierno de Ecuador declaró el estado de emergencia nacional por la temporada lluviosa luego de registrar un fuerte aumento de eventos climáticos que han afectado prácticamente a todo el país. La medida fue oficializada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mediante una resolución firmada por su titular, Carolina Lozano Haro.
La decisión amplía una declaratoria previa emitida a finales de febrero, que había sido limitada a determinadas regiones, y eleva la emergencia a nivel nacional ante la magnitud de los impactos generados por la temporada invernal.
De acuerdo con datos oficiales, entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2026 se registraron 1.662 eventos adversos asociados a las lluvias, que afectaron a 24 provincias, 190 cantones y 590 parroquias, lo que evidencia la extensión territorial del fenómeno.
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Los fenómenos más frecuentes han sido las inundaciones, que representan el 37,85 % de los casos reportados, seguidas por los deslizamientos de tierra, con el 36,82 %. También se registran lluvias intensas y otros eventos hidrometeorológicos que han provocado daños en viviendas, infraestructura pública, servicios básicos y sistemas productivos.
El informe técnico que sustenta la medida advierte que la situación se agravó en los últimos días. En apenas doce jornadas se produjo un incremento del 56 % en la cantidad de eventos asociados a las lluvias, mientras que el número de personas afectadas creció un 154 %, lo que llevó a las autoridades a reforzar los mecanismos de respuesta.
Entre las provincias más impactadas se encuentran Guayas, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Loja y Chimborazo, donde se concentran los efectos más severos del invierno.
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La magnitud de la emergencia también llevó a la activación de múltiples instancias de coordinación. Hasta el momento se han puesto en funcionamiento 17 Comités de Operaciones de Emergencia provinciales y 82 cantonales, además de emitirse al menos 17 declaratorias de emergencia locales.
La declaración nacional permitirá movilizar con mayor rapidez recursos estatales y fortalecer la coordinación entre instituciones. También habilita mecanismos extraordinarios para contratación pública, reasignación presupuestaria y uso temporal de bienes del Estado para atender a las zonas afectadas.
Asimismo, la normativa contempla la implementación de medidas específicas como evacuaciones en áreas de riesgo, habilitación de refugios temporales, asistencia humanitaria y trabajos de rehabilitación temprana en las zonas impactadas.
La emergencia tendrá una vigencia de 60 días, período durante el cual las autoridades deberán coordinar acciones para asistir a la población, recuperar infraestructura dañada y reducir los riesgos asociados a la temporada lluviosa.
Fuente y foto: Infobae
