«Esta renovación tiene como finalidad controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario, restablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de estos, a efectos de que los centros puedan cumplir con su misión constitucional de rehabilitación social», sostiene el decreto que se conoció el martes y que lleva la firma del presidente de ese país, Guillermo Lasso, informó la agencia de noticias AFP.
Ante repetidas masacres carcelarias, algunas de las cuales han pasado a figurar entre las peores de América Latina, Lasso impuso en julio pasado el estado de excepción como medida para desplegar militares en las prisiones y luego de que enfrentamientos entre reclusos en la ciudad portuaria de Guayaquil dejara decenas de víctimas.
En ese momento, la policía informó sobre el hallazgo en la penitenciaría de 11 cadáveres y 29 piezas humanas, mientras que la fiscalía reportó 31 fallecidos.
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Mediante el decreto, las autoridades podrán actuar más rápido a la hora de restablecer el orden y controlar circunstancias que han venido alterando el funcionamiento de las prisiones, como amotinamientos con enfrentamientos violentos entre grupos, en los que hay graves lesiones, mutilaciones y asesinatos.
La medida también permite a las autoridades realizar requisas para evitar la tenencia ilegal de armas, explosivos y otros artículos con los que se pueda atentar contra la seguridad.
El mandatario sostiene que una guerra entre bandas por el negocio del narcotráfico ha desatado en los últimos años el aumento de la violencia dentro de los centros penitenciarios, con más de 430 presos muertos en enfrentamientos desde febrero de 2021, decenas de ellos desmembrados e incinerados.
Además de la violencia en las prisiones, en las calles los homicidios se han cuadriplicado entre 2018 y 2022, trepando al récord de 26 por cada 100.000 habitantes.
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Esa tasa en Ecuador, con 16,9 millones de habitantes de acuerdo con el censo de 2022, será de hasta 40 este año, según expertos.
A inicios de este mes, casi 60 guardias penitenciarios y policías permanecieron retenidos temporalmente por presos de seis cárceles, que son usadas como centros de operaciones por parte de organizaciones vinculadas a cárteles de droga de México y Colombia.
Telam
