Casi 13 millones y medio de ciudadanos están habilitados a elegir, de entre ocho postulantes, a un presidente que complete el mandato del conservador Guillermo Lasso hasta 2025.
La correísta Luisa González llegó a los comicios encabezando todas las encuestas, pero no con una cantidad de votos que le permita evitar una segunda vuelta prevista para el 15 de octubre.
El otrora pacífico país sudamericano se ha convertido en los últimos años en un centro de operaciones de carteles de droga extranjeros y locales que imponen un régimen de terror con matanzas en las calles y en las cárceles, con secuestros y extorsiones.
A la violencia se suma una crisis institucional que tiene al país sin Congreso desde hace tres meses, cuando el impopular Lasso decidió disolverlo y llamar a elecciones anticipadas para esquivar la destitución en un juicio político por corrupción.
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El asesinato del candidato Fernando Villavicencio y otros ataques a postulantes y dirigentes marcaron el tono de la breve campaña, de por sí inédita por la decisión de Lasso de usar la llamada «muerte cruzada» y disolver la Asamblea Nacional.
«Los ecuatorianos votan con tres sentimientos: el miedo a la inseguridad (…), el pesimismo respecto a la situación económica y la desconfianza hacia la clase política», dijo Santiago Cahuasquí, politólogo de la Universidad Internacional SEK, a la agencia de noticias AFP.
Unos 13,4 de los 18,3 millones de ecuatorianos deberán ejercer el voto obligatorio para elegir presidente y vicepresidente, así como a los 137 congresistas que completarán el actual período de cuatro años previsto hasta mayo de 2025.
Las mesas, que abrieron a las 7 (las 9 en Argentina), cierran a las 17 (las 19 en Argentina).
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El accionar despiadado de bandas organizadas, muchas de ellas relacionadas con cárteles extranjeros del narcotráfico, regiones enteras del país controladas por el crimen, el sicariato como forma de saldar diferencias constituyen un cóctel habitual hace meses.
Las cifras de homicidios se dispararon y en lo que va de este año ya se bordea el número de asesinatos de todo 2022.
Es lógico, entonces, que buena parte de la atención -y de los programas- haya estado puesta en qué proponen en materia de seguridad los aspirantes al Palacio de Carondelet.
Los últimos relevamientos registraron un leve crecimiento en intención de votos de los candidatos que levantan el discurso de la «mano dura», pero la cifra de indecisos sigue siendo importante.
La crisis, que afecta también la salud, la educación y el empleo y golpea a los sectores más necesitados, a las poblaciones rurales y a los pueblos originarios, generó también un fuerte descreimiento en la clase política.
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Partidos y movimientos, y consecuentemente las alianzas, parecieron tomar nota de ese desencanto: excepto la correísta Revolución Ciudadana (RC), ninguna fuerza lleva un candidato con militancia interna, sino que todos son postulantes llegados desde otro sector, con preeminencia de empresarios.
El rostro de Villavicencio, un experiodista de centro que iba segundo en los sondeos antes de su asesinato, el 9 de agosto, aparecerá en las boletas junto a otros siete candidatos, pues ya estaban impresas cuando fue tiroteado por un sicario colombiano.
Lo reemplaza en la candidatura el periodista Christian Zurita, su mejor amigo también amenazado y compañero en investigaciones que desnudaron escándalos de corrupción. Uno de ellos derivó en la condena a ocho años de cárcel del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), quien vive en el extranjero desde que dejó el poder.
En las antípodas disputa la presidencia González, de 45 años, delfín de Correa y la única candidata mujer.
Antes del magnicidio, un sondeo mostraba detrás de González a Villavicencio y luego al exfrancotirador y exparacaidista Jan Topic (derecha), al líder indígena Yaku Pérez (izquierda) y al exvicepresidente Otto Sonnenholzner (derecha).
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Tras el asesinato de Villavicencio, una nueva encuesta mostró a González aún al frente y en segundo lugar a Topic.
Golpeado por una pobreza que llega al 27% en una economía dolarizada, con un cuarto de la población en trabajo informal o desempleada, Ecuador vivirá unos comicios enrarecidos por un estado de excepción que busca frenar la violencia.
Los ecuatorianos también votarán un histórico referendo para frenar la explotación de crudo en una parte del parque nacional amazónico Yasuní, cuando el mundo busca reducir los combustibles fósiles y mitigar el calentamiento global.
Quienes viven en el cantón Quito, además, autorizarán o vetarán la explotación de minerales en bosques del Chocó Andino, en los alrededores de la capital.
Telam
