Este ente, llamado Centro Militar de Inteligencia (CMI), es manejado directamente por el ministro de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y tiene como lema «discreción, oportunidad y precisión por el bien de México».
Uno de los objetivos del CMI, que opera desde el Campo Militar Número 1, situado cerca de la sede del ministerio, es «generar productos de inteligencia con datos obtenidos por medios cerrados» lo que deriva en la intervención de las comunicaciones.
La revista Proceso, que accedió a un informe que demuestra el espionaje militar, hace notar que el CMI «no aparece en ningún organigrama público de la Sedena, (el ministerio de la Defensa), ni en sus reglamentos interiores».
La misión de esta entidad consiste en «obtener y procesar información sensible, sobre los temas que sean del interés del Alto Mando, y proporcionar información explotable, en tiempo real, a diversos organismos y mandos territoriales, así como a otras Fuerzas Armadas que determine la superioridad», según el documento recogido por la agencia de noticias ANSA.
Entre otras actividades, desde este lugar se espió al defensor de los derechos humanos en el estado norteño de Tamaulipas, Raymundo Ramos, quien denunció que supuestos criminales abatidos por militares en realidad son personas civiles inocentes y ajenas a las actividades que se les
atribuyen.
Una de las herramientas más importantes con las que cuenta en su arsenal este centro es el malware Pegasus, de fabricación israelí, que fue prohibido en diversos países, pero que aparentemente sigue siendo usado por el gobierno mexicano.
El presidente Andrés López Obrador declaró que su gobierno no ha comprado Pegasus a la empresa israelí NSO Group y por ende no lo utilizó para espiar de manera ilegal a ciudadanos, como lo hicieron sus antecesores Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña (2012-2018).
El arsenal tecnológico del que dispone, además de Pegasus, incluye sistemas de intervención de comunicaciones conocidos como IMSI Catcher, bloqueadores de señales, y otros analizadores vectoriales de radiofrecuencias.
Según las filtraciones de Guacamaya, conversaciones de Ramos con periodistas del 16 y 26 de agosto de 2020 fueron interceptadas por los espías del Ejército.
Los reportes hackeados demuestran que por lo menos en una ocasión las tareas de espionaje militar sirvieron para obstaculizar una investigación sobre la ejecución extrajudicial de tres civiles por parte de soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Se trata de la misma ciudad fronteriza con Texas donde la semana pasada resultaron asesinados 5 jóvenes que iban a bordo de una furgoneta y fueron perseguidos por militares que les dispararon bajo la presunción de que eran miembros del crimen organizado.
El documento «exhibe una vez más las mentiras del Ejército respecto al espionaje ilegal: la institución castrense siempre ha negado intervenir las comunicaciones privadas de ciudadanos, y ha sostenido que no ha contratado Pegasus desde el año 2013», recordó Proceso.
Telam
