El fondo inglés Budford, que ganó un fallo de u$s16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, podría embargar activos de Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y el Banco Nación, argumentando que funcionan como «alter ego» del Estado argentino.
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El fondo de inversión inglés Budford, respaldado por un fallo judicial a su favor por u$s16.000 millones emitido por la jueza neoyorquina Loretta Preska, estaría considerando embargar activos clave de Argentina, incluidos Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y el Banco Nación. Según información publicada por el influyente diario Financial Times, Budford sostiene que estas entidades funcionan como «alter ego» del Estado argentino, lo que las haría susceptibles de ser embargadas en favor del fondo litigante.
La controversia se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de las acciones de la petrolera, lo que generó una demanda por parte de Petersen Energía, una empresa de la familia Eskenazi. Budford Capital adquirió los derechos de litigio de Petersen, obteniendo así una parte significativa de las acciones y el derecho a litigar en su nombre.
Los abogados de Budford han argumentado en los tribunales que Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y el Banco Nación están controlados directamente por el Estado, siendo «indistinguibles» de él debido a los nombramientos políticos de personal no calificado en estas instituciones. Esto, según Budford, justificaría su inclusión en las posibles medidas de embargo para asegurar el cumplimiento del fallo.
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Por su parte, los representantes legales argentinos han refutado estas acusaciones, argumentando que estas instituciones operan de manera independiente del Estado y, por lo tanto, no deberían ser consideradas como «alter ego». De hecho, en diversas presentaciones ante la justicia estadounidense, los abogados del gobierno han subrayado que estos organismos ya fueron calificados como «operacionalmente separados del Estado».
El conflicto legal tomó un nuevo giro cuando Budford solicitó secretamente que la jueza Preska autorizara la transferencia del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino. La solicitud fue hecha pública a petición del gobierno argentino, lo que desató una ola de repercusiones en el ámbito político y económico.
El gobierno argentino, que en febrero de este año presentó la apelación contra el fallo, continúa su batalla legal en los tribunales de Nueva York, mientras que el país sigue enfrentando las consecuencias económicas y políticas de una decisión judicial que amenaza con tener un impacto profundo en sus activos nacionales.
Fuente: Ámbito Financiero
Foto: Archivo
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