Las autoridades francesas extendieron este domingo la detención preventiva de Pavel Durov, director ejecutivo y fundador de Telegram, tras su arresto en el aeropuerto de Le Bourget el 24 de agosto. Durov, de 39 años, fue detenido al llegar de Bakú, Azerbaiyán, cuando se disponía a pasar la noche en París para una cena programada. La detención generó un gran revuelo, ya que el empresario es acusado de no haber tomado medidas suficientes para evitar que su plataforma se utilice con fines criminales.
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El juez de instrucción autorizó la prolongación de la detención de Durov por hasta 96 horas, lo que podría desembocar en su liberación o en una acusación formal. Las acusaciones incluyen delitos graves como fraude, tráfico de drogas, acoso cibernético, crimen organizado y promoción del terrorismo. Estas sospechas surgieron en el marco de una investigación preliminar llevada a cabo por la Agencia Francesa de Prevención de la Violencia contra la Niñez (OFMIN), según fuentes cercanas al caso.
Telegram respondió a las acusaciones señalando que su director ejecutivo «no tiene nada que ocultar» y que la empresa «cumple con las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales». En un comunicado, la compañía argumentó que culpar a la plataforma o a su propietario por los abusos cometidos por usuarios es «absurdo», reafirmando que sus políticas de moderación están alineadas con los estándares de la industria.
La detención de Durov también provocó reacciones a nivel internacional. La Embajada de Rusia en París exigió explicaciones a las autoridades francesas y acceso consular para el empresario, pero no recibió cooperación. Desde Moscú, la ministra de Relaciones Exteriores, María Zajárova, criticó la negativa de Francia a conceder acceso consular, argumentando que el país considera a Durov como ciudadano francés. Además, el magnate tecnológico Elon Musk mostró su apoyo al fundador de Telegram con la etiqueta #FreePavel y cuestionó la falta de libertad en Francia a través de una publicación en la red social X.
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El caso de Durov destaca la creciente tensión entre las plataformas tecnológicas y los gobiernos en torno a la moderación de contenidos. Telegram, con sede en Dubái, fue objeto de críticas por permitir la creación de grupos masivos de hasta 200.000 miembros, lo que, según algunos críticos, facilita la difusión de información falsa y la propagación de contenidos extremistas. A pesar de esto, la aplicación mantuvo su compromiso de proteger la privacidad de sus usuarios, un enfoque que la diferenció de otras plataformas más controladas como WhatsApp.
Fuente: DW.
Foto: Euronews.
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