El Gobierno nacional acelera un plan de inversiones para reforzar el sistema eléctrico y reducir el riesgo de cortes masivos durante los meses de mayor demanda. La estrategia combina nuevos sistemas de almacenamiento mediante baterías, ampliación de las redes de transporte y mayores inversiones privadas en generación y distribución.
El refuerzo de la infraestructura cobra especial importancia después del apagón registrado el sábado 19 de septiembre, que dejó sin suministro a más de 600.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El episodio volvió a exponer las dificultades de la red para responder ante situaciones de alta exigencia, a pocas semanas del comienzo de la temporada de temperaturas elevadas.
Una de las principales apuestas son los sistemas de almacenamiento energético BESS, conjuntos de baterías capaces de acumular electricidad y liberarla cuando aumenta el consumo. El objetivo es utilizarlos durante los picos de demanda provocados por temperaturas extremas, tanto en jornadas de calor como durante períodos de frío intenso.
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Para el Área Metropolitana de Buenos Aires, las licitaciones contemplaron inversiones por unos US$650 millones. Las primeras instalaciones comenzaron a atravesar etapas de prueba y se espera que varias puedan entrar en funcionamiento entre octubre y diciembre de 2026, especialmente en zonas consideradas críticas para el abastecimiento.
Entre los proyectos que avanzan se encuentran instalaciones en el puerto de Buenos Aires y otras ubicadas en Almirante Brown y San Fernando, entre ellas una planta instalada en el predio de la antigua fábrica de neumáticos Fate. El Gobierno considera que estos sistemas permitirán responder con mayor rapidez ante variaciones bruscas de la demanda y determinadas fallas de la red.
El plan también contempla una expansión del almacenamiento fuera del AMBA. La Secretaría de Energía adjudicó proyectos por unos US$700 millones a cinco empresas para instalar más de 700 MW de capacidad de almacenamiento distribuidos en siete regiones del país. El cronograma oficial establece que estas obras se desarrollarán por etapas durante 2027.
El segundo eje del programa está vinculado con el transporte de electricidad. El Gobierno definió 16 proyectos prioritarios que demandarían una inversión estimada en US$6600 millones y permitirían incorporar más de 5600 kilómetros de líneas de alta tensión. La intención es reducir los cuellos de botella que dificultan trasladar la energía desde los centros de generación hacia las zonas de mayor consumo.
Entre las obras principales aparece el proyecto AMBA I, destinado a reforzar una zona que concentra aproximadamente el 40% del consumo eléctrico nacional. La licitación nacional e internacional ya fue convocada y el Gobierno prevé abrir las ofertas el 9 de diciembre, con una eventual adjudicación prevista para comienzos de 2027.
Además, la planificación incluye nuevas líneas de transmisión de 500 kV para conectar Mendoza y Chubut con la provincia de Buenos Aires. Estas obras apuntan a mejorar la capacidad de transporte de la red y permitir un mayor aprovechamiento de la energía generada en distintas regiones del país, especialmente cuando el sistema opere cerca de sus niveles máximos.
La estrategia oficial también deposita parte de la responsabilidad de las inversiones en las empresas privadas. En ese marco, las distribuidoras deben avanzar con obras de infraestructura y mantenimiento dentro del proceso de revisión tarifaria. Edesur, por ejemplo, cerró recientemente un préstamo sindicado con cinco bancos por $320 millones destinado a financiar mejoras en su red de distribución.
A esto se suma una nueva regulación para los grandes proyectos industriales y de infraestructura, incluidos emprendimientos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La Secretaría de Energía estableció que deberán garantizar su propio abastecimiento mediante generación o contratos de suministro, con el objetivo de evitar que el incremento de la demanda sobrecargue la infraestructura existente.
El Gobierno sostiene que el conjunto de estas medidas busca preparar al sistema para un escenario de mayor consumo y reducir la posibilidad de interrupciones durante los próximos veranos. Mientras continúa vigente la emergencia energética hasta diciembre de 2027, el plan combina almacenamiento, nuevas líneas de transporte, inversiones de las distribuidoras y participación privada en generación para ampliar la capacidad de respuesta de la red.
