La Casa Rosada busca el apoyo del peronismo y la UCR para aprobar los pliegos de los jueces Lijo y García-Mansilla, en medio de negociaciones complejas.
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El Gobierno nacional está intensificando sus esfuerzos para acelerar los dictámenes del juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla en la comisión de Acuerdos del Senado. El objetivo es obtener los votos necesarios del peronismo y conseguir el apoyo de los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) para avanzar con los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema.
Desde la Casa Rosada, se asegura contar con al menos ocho adhesiones para firmar el dictamen del juez Lijo, aunque el respaldo para García-Mansilla es más incierto. A pesar de esto, el Ejecutivo mantiene su posición de que «salen los dos o ninguno» y planea elevar el texto esta semana. La estrategia del Gobierno es llevar los pliegos al recinto sin un acuerdo completo con el peronismo y presionar a los senadores de Unidad Ciudadana y del Frente Nacional y Popular para obtener sus votos.
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, está al frente de las negociaciones por parte del Gobierno. Un funcionario del Ejecutivo comentó a TN que, una vez que el pliego de Lijo llegue al Senado, «va a tener vida propia» y que «el peronismo no tiene mucho margen» para rechazarlo. Sin embargo, se busca negociar especialmente los votos para García-Mansilla, que representa más fielmente la visión del presidente Javier Milei.
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Para contrarrestar cualquier rechazo del pliego de García-Mansilla, la Casa Rosada está preparando una estrategia comunicacional que presionará a los senadores a explicar por qué excluyeron a un académico de la Corte, cuando sus credenciales no son diferentes a las de Lijo.
Además, el Gobierno está dispuesto a negociar los 143 pliegos judiciales que deben enviarse a la Cámara Alta junto con la designación del Procurador General de la Nación. El asesor presidencial Santiago Caputo está supervisando estos diálogos, manteniendo contacto con la UCR a través de Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA y conocido por su militancia en La Cantera.
La urgencia del Ejecutivo se debe a la vacante que dejará el juez Juan Carlos Maqueda el 30 de diciembre, cuando cumpla 75 años, excediendo la edad límite para ocupar el cargo. En este contexto, el Gobierno ha decidido aliarse con el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y confrontar con el presidente del tribunal, Horacio Rosatti.
Fuente: TN
Foto: Archivo
