El Gobierno nacional anunció que apelará la reciente nulidad judicial del controvertido protocolo antipiquetes, declarado inconstitucional por el juez federal Martín Cormick. La medida, implementada desde el inicio de la gestión de Javier Milei, busca regular la actuación de fuerzas de seguridad frente a protestas sociales, pero el magistrado detectó vicios legales y riesgos sobre derechos fundamentales.
La senadora Patricia Bullrich, autora del protocolo durante su gestión como ministra de Seguridad, defendió la medida en redes sociales y advirtió que la norma cuenta con el respaldo de jueces previos y de amplios sectores de la sociedad. Según Bullrich, el protocolo contribuyó a “recuperar el orden en la Argentina” y aseguró que “no darán ni un paso atrás” frente a la decisión judicial.
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El protocolo ha sido objeto de críticas por su aplicación en diversas protestas, incluyendo manifestaciones de jubilados, intervenciones con gases lacrimógenos y detenciones que la Justicia luego consideró arbitrarias. Casos como el disparo de una granada de gas hacia el fotoperiodista Pablo Grillo o la exposición directa de menores a gases químicos generaron fuerte controversia mediática y judicial.
Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, confirmaron que presentarán los recursos judiciales correspondientes para intentar mantener vigente el protocolo. El Gobierno sostiene que la norma es un instrumento necesario para garantizar la circulación, el trabajo y la seguridad de la ciudadanía frente a la protesta social.
Fuente: Minuto Uno.
