El Gobierno nacional apelará el fallo judicial que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que lo obliga a actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas estudiantiles y garantizar fondos para investigación.
La decisión se produce luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmara la medida cautelar sobre la ley 27.795, sancionada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso.
El Ejecutivo presentará un recurso extraordinario ante la misma Cámara y, en caso de ser rechazado, recurrirá en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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En paralelo, el Gobierno evalúa cumplir parcialmente con la resolución mediante transferencias mensuales, con el objetivo de dosificar el impacto fiscal y evitar su incorporación plena en el presupuesto anual.
El eje del conflicto radica en los artículos que establecen la actualización de salarios universitarios según la inflación acumulada, además de la recomposición de becas y el financiamiento de la investigación científica.
Desde el oficialismo advierten que la implementación total de la norma implica un costo fiscal elevado y analizan impulsar cambios en el Congreso para modificar el esquema de actualización automática, buscando compatibilizar la ley con sus objetivos económicos.
Fuente: Minuto 1.
