El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, aplicará el derecho de admisión a 26 hinchas involucrados en los destrozos ocurridos durante la marcha de jubilados en la plaza del Congreso. La medida les impondrá la restricción de Concurrencia Administrativa, prohibiéndoles asistir a eventos deportivos. Quedaron excluidos de la resolución dos menores y dos extranjeros.
El Ejecutivo analizó las grabaciones de las cámaras de seguridad y realizó investigaciones sobre las vinculaciones de los detenidos con barrabravas. Además, se planea extender la medida a otros detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes podrían enfrentar restricciones similares una vez imputados por la Justicia.
Desde el entorno del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, afirmaron que aplicarán el derecho de admisión a los detenidos por la Policía de la Ciudad una vez que la Justicia avance en las imputaciones. Hasta el momento, 94 manifestantes fueron liberados parcialmente por la jueza Karina Andrade.
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El Gobierno presentó denuncias penales contra los barras y militantes detenidos por delitos de asociación ilícita, sedición y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática. Además, solicitó que se declare la incompetencia de la jueza que ordenó las liberaciones.
La Casa Rosada confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar a las barras bravas como organizaciones criminales. La iniciativa contempla penas de hasta seis años de prisión para autoridades de clubes que entreguen entradas a estas agrupaciones y busca desarticular los negocios ilegales asociados al fútbol.
Fuente: TN.
