El Gobierno nacional avanza en una reforma de la Ley de Ética Pública con el objetivo de endurecer las restricciones sobre el uso político de los recursos del Estado por parte de funcionarios y empleados públicos. La iniciativa, que toma como referencia la legislación estadounidense conocida como “Hatch Act”, busca establecer límites más precisos para evitar que se mezclen la función pública y la actividad partidaria.
El proyecto que analiza la Casa Rosada apunta a detallar qué conductas estarán prohibidas dentro de la administración pública. Entre ellas, se evalúa incluir restricciones al uso de oficinas, teléfonos oficiales, correos institucionales, vehículos del Estado y tiempo laboral para actividades políticas o partidarias. También se estudia regular el uso de redes sociales, el teletrabajo y posibles pedidos de aportes o apoyo electoral desde organismos públicos.
Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa actual contiene principios generales, pero consideran necesario bajar esos lineamientos a situaciones concretas. Como ejemplo, mencionan el caso de funcionarios que utilicen teléfonos oficiales o instalaciones estatales para realizar actividades partidarias, una práctica que pretenden sancionar de manera explícita.
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La reforma también podría incorporar cambios en los mecanismos de control y sanción. En ese sentido, el modelo estadounidense prevé penalidades que van desde advertencias escritas hasta despidos para quienes incumplan las restricciones. Además, protege a los empleados públicos frente a presiones políticas o pedidos de participación en campañas electorales.
En la Casa Rosada reconocen que el proyecto no integra la agenda inmediata, aunque forma parte del paquete de iniciativas legislativas que el oficialismo pretende impulsar durante 2026. La discusión se da en paralelo con las investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien volvió a recibir respaldo público del presidente Javier Milei.
El Gobierno aclara además que esta reforma no se superpone con la denominada ley “anticasta” impulsada anteriormente por Milei. Aquella propuesta incluía topes salariales y reducción de privilegios políticos, mientras que la nueva iniciativa se concentra específicamente en el comportamiento ético y el uso de recursos estatales dentro de la administración pública.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: NA.
