El Gobierno de Javier Milei inició un proceso de auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI estarán a cargo del procedimiento, que será presencial.
La medida responde a hallazgos previos que revelaron fraudes en el sistema. Según los datos oficiales, el 80% de los casos auditados presentaban irregularidades, con asignaciones a personas sin discapacidad certificada, documentos falsificados y hasta reclusos que cobraban el beneficio de manera indebida.
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El proceso de auditoría será progresivo y comenzará con el envío de cartas documento a los beneficiarios, quienes deberán presentarse ante médicos del PAMI con su documentación. Posteriormente, los profesionales evaluarán cada caso y determinarán si corresponde continuar con el beneficio o suspenderlo.
Uno de los puntos más polémicos de la auditoría es la revisión de las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández, ya que se sospecha que muchas fueron asignadas sin el debido control. En Chaco, por ejemplo, se detectaron personas que cobraban el beneficio alegando amputaciones falsas y otros diagnósticos fraudulentos.
Fuente: Infobae.
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