Ante la falta de consenso político, el presidente Javier Milei decide implementar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la controvertida modificación de la fórmula jubilatoria, generando críticas y dudas sobre su legitimidad y posibles repercusiones.
Tras semanas de negociaciones infructuosas y la percepción de que las instancias de consenso político se agotaron, el presidente Javier Milei, en acuerdo con el ministro de Economía Luis Caputo, optó por avanzar con la delicada modificación de la fórmula jubilatoria mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
La medida, que se evaluaba desde hace tiempo, busca aplicar un formato de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un porcentaje adicional, estimado entre el 12 y el 14 por ciento.
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La decisión de recurrir al DNU se tomó ante la falta de consensos políticos y la urgencia de evitar que la fecha de empalme del 1ro de abril se sobrepasara. De postergarse más la decisión, la aplicación de la nueva fórmula jubilatoria se retrasaría hasta junio, lo que haría aún más difícil la situación social de los jubilados. Sin embargo, esta opción representa un riesgo para el Gobierno, ya que enfrenta la posibilidad de un rechazo del Congreso y de ser judicializado, tal como ocurrió con otras medidas similares.
Los libertarios se vieron obligados a resignar la posibilidad de tratar la nueva fórmula previsional en el marco de la Ley Ómnibus, como inicialmente deseaban. Ahora, la modificación de la fórmula jubilatoria se incluirá en el paquete legislativo más importante para el Gobierno, cuyo debate en comisión empezaría después de Semana Santa y llegaría al recinto a partir de la segunda quincena de abril.
A pesar de las críticas habituales por legislar a través de un DNU, el Gobierno defiende su decisión argumentando que agotaron todas las instancias de consenso y que se mantuvieron firmes en las metas fiscales establecidas. Sin embargo, persisten dudas sobre la legitimidad y las posibles repercusiones de esta medida, incluida la posibilidad de enfrentar acciones judiciales que frenen su aplicación.
Fuente: Infobae
