El Gobierno de Bolivia denunció este lunes que un grupo de sicarios y paramilitares colombianos ingresaron al país en octubre del año pasado con planes de asesinar al entonces candidato a la presidencia y actual mandatario Luis Arce, en complicidad con policías, militares y dirigentes locales, entre ellos un exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
El plan, que no se llevó a cabo por razones no del todo claras, fue revelado a periodistas por el ministro de Gobierno de Bolivia, que presentó un informe que detalla ingresos, movimientos y reuniones del grupo, en el que había mercenarios que después tuvieron roles claves en el asesinato, en julio de este año, del entonces presidente de Haití, Jovenal Moise.
«Según la investigación, los paramilitares llegaron el 16 de octubre del pasado año, es decir, dos días antes de las elecciones generales, en las que Arce ganó con el 55,1% de intención de voto, y se retiraron dos días después», explicó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en conferencia de prensa.
El informe atribuye un rol central en el armado del grupo de sicarios y paramilitares a Luis Fernando López, el exministro de Defensa de Áñez, que llegó a la Presidencia tras el golpe de Estado de sectores políticos de derecha, militares y policiales contra el expresidente Evo Morales, del gobernante partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS), de Arce, en noviembre de 2019.
«Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos filtrados, en donde se discute el despliegue masivo de mercenarios durante las elecciones, revelan que Bolivia pudo haber visto un nuevo derramamiento de sangre en 2020», dijo Del Castillo.
En junio pasado, una investigación de la revista estadounidense The Intercept reveló que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral de Arce.
Según informaron, Del Castillo identificó a varios de los presuntos complotados como quienes después participaron en el magnicidio de Moise.
Moise fue asesinado en su residencia de la capital haitiana en la madrugada del 7 de julio por un comando integrando mayoritariamente por mercenarios colombianos, entre ellas el excapitán del Ejército Germán Alejandro Rivera García, cuya llegada a Bolivia el Ejecutivo tiene probado.
De acuerdo con la investigación, ingresó a Bolivia por la ruta Colombia-Viru Viru, el aeropuerto de la oriental ciudad de Santa Cruz, el 16 de octubre de 2020.
Del Castillo remarcó que existió toda una estrategia armada de reclutar a mercenarios para evitar, a la fuerza, la toma de posesión de Arce.
También dio a conocer un audio que da cuenta de la intención de desconocer de forma violenta la victoria de Arce y que, según dijo, quien estaba detrás de esto era el exministro López, hoy prófugo de la justicia.
«En este audio se puede escuchar la intención del señor López por desconocer la voluntad del pueblo en las urnas en 2020 con la victoria de Arce. Ya lo hicieron en 2019 con Evo Morales, contratando empresas tercerizadas, o denominadas sicarias, a paramilitares para realizar acciones violentas en nuestro país», advirtió Del Castillo.
El titular de Gobierno mencionó también la llegada de Arcángel Pretel Ortiz, un colombiano de doble identidad que supuestamente reclutó a los asesinos de Moise y quien, de acuerdo a información del ministro, ingresó al país por la ruta Estados Unidos–Viru Viru.
Además, entraron al país Antonio Intriago por la ruta Estados Unidos–Viru Viru; Ronal Alexander Ramírez Salamanca (exintegrante de la policía de Colombia y con largo recorrido en viajes constantes a Haití) por la ruta Colombia- Viru Viru; y Enrico Galindo Arias, también por el aeropuerto cruceño.
Intriago es un venezolano dueño de la firma CTU Security de Miami, y está señalado en el caso de Moise como quien contactó y armó el comando que después mató al mandatario haitiano.
Del Castillo reseñó que todos los llegados se alojaron en el Hotel Presidente de La Paz y se reunieron, según información extraoficial, «con altas autoridades del régimen de Áñez» en el Hotel Marriott de Santa Cruz.
Del Castillo reveló que los llegados tenían «un contrato anual inicial de 125.000 dólares estadounidenses o 10.416 dólares mensuales», aunque luego el plan no se ejecutó.
Miembros de la Policía Boliviana y de las FFAA, entre ellos el entonces comandante el general Sergio Orellana, estaban involucrados en el plan.
En su investigación, The Intercept indicó que los desacuerdos entre ministros y la división dentro de las FFAA, empeorados por el peso de la convincente victoria de Arce el 18 de octubre 2020, parecen haber desbaratado el plan.
El ministro citó también el rol de «células de inteligencia» del MAS, que por la información que manejaban armaron «una cápsula alrededor» de Arce y adoptaron «todas y cada una de las medidas de seguridad», entre ellas la de no exponerlo en lugares abiertos.
La revelación del plan fue en coincidencia con el aniversario del triunfo del MAS, celebrado en la red Twitter por Arce y su mentor, Morales.
«¡Somos mayoría! Hace un año recuperamos la democracia con más del 55% de los votos. Las y los bolivianos le dijeron sí a la esperanza, a la dignidad, a la soberanía y a la reconstrucción de la Patria con justicia social», destacó Arce.
Morales, por su parte, juzgó que hace un año Bolivia «le dio una lección de dignidad al mundo», porque mostró que «con sabiduría, paciencia y fortaleza fue capaz de derrotar en urnas a los golpistas». «No habrá impunidad. Por memoria, verdad y justicia, defenderemos junto al pueblo nuestra democracia», agregó.
La nueva denuncia llega, además, en un momento de máxima tensión entre oficialismo y oposición, por las medidas impulsada por líderes cívicos contra el Ejecutivo, las marchas de uno y otro sector, y la avanzada judicial contra dirigentes que participaron del golpe contra Morales.
